Según afirmó el juez, el Ministerio Público (MP) ya tiene conocimiento de que al menos un abogado habría intentado “ensuciar el proceso” mediante ofrecimientos falsos dirigidos a influir indebidamente en las decisiones del tribunal. Indicó que han circulado comentarios y reportes sobre profesionales del derecho que incluso se habrían acercado a las cárceles de Tribunales para hacer promesas ilegítimas a los sindicados, lo que calificó como un hecho grave que podría constituir obstrucción de justicia y una intromisión indebida en las funciones jurisdiccionales.

El juez también manifestó que existen indicios de que ciertas personas habrían buscado apoyo en espacios de poder político para intentar limitar la independencia judicial y el desarrollo del proceso. Aunque no señaló directamente a ninguno de los abogados presentes, subrayó que estos señalamientos afectan el caso en general y deben ser investigados para resguardar la transparencia y legitimidad del sistema de justicia. Por esta razón, explicó, permitió el ingreso de medios de comunicación a la audiencia, con el objetivo de garantizar publicidad del debate y rendir cuentas abiertamente sobre la conducción del proceso.

Hichos insistió en que el tribunal actuará con independencia y que tanto la defensa como el MP contarán con el espacio procesal para argumentar y presentar pruebas conforme avancen las diligencias judiciales.

El hombre fuerte del presidente del Congreso 

Durante su intervención, el juez Hichos también reveló la identidad de cinco personas que cuentan con órdenes de captura vigentes por este caso. Aseguró que la divulgación de estos nombres busca darles la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la justicia y solventar su situación legal.

Las personas mencionadas son Silvia Stephanie Sánchez Ochoa; Sofía del Carmen Lam López; Pedro Alejandro Duque Soto; Alex Omar Solís Salguero, quien —según indicó— ya se puso a disposición del juzgado; y finalmente una persona de origen extranjero, identificada como Sven Resenhoeft Greenberg.

Entre ellos destaca la orden de aprehensión contra Duque Soto, identificado como financista del partido Azul, organización política que llevó al Congreso al diputado Nery Ramos, actual presidente del Organismo Legislativo.

Entre los capturados inicialmente figura Willman Rocael López Trigueros, quien, según una investigación del medio Vox Populi, fungía como guardaespaldas de Duque Soto. 

Esa misma investigación reveló que una de las empresas señaladas en el desfalco millonario es Recicladora La Ceiba, S.A., propiedad del propio Duque Soto, quien continúa prófugo.

También resalta la orden de captura en contra de Resenhoeft Greenberg, exgerente general del CHN, quien en septiembre de 2024 amenazó con presentar una denuncia por el delito de pánico financiero contra eP Investiga, luego de que su nombre apareciera en la sección elPelex, donde se reveló en primicia la existencia del millonario desfalco que ahora investigan las autoridades.