El texto fue presentado por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Consejo de Autoridades Ancestrales de Patzún, Chimaltenango, Oxlajuj Ajpop, Cristosal, Articulación Chimaltenango, Protection International y el Comité de Unidad Campesina (CUC). 

El informe identifica al Ministerio Público (MP) y al sistema de justicia como las instituciones creadas para combatir la corrupción pero que son manipuladas por élites de poder para que persigan a quienes denuncian injusticias. 

Para su elaboración se incluyeron 12 entrevistas de profundidad, ocho grupos focales y diálogos comunitarios entre los que participaron periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y liderazgos sectoriales. 

Durante la presentación se identificaron tres patrones sistemáticos que operan como etapas de persecución, siendo estos:

• Acoso por medio de campañas de desinformación, amenazas o exposición de datos personales.
• Criminalización con denuncias infundadas, uso forzado de figuras penales y prisión preventiva.
• Manipulación del proceso judicial con la restricción a los expedientes, uso indebido de la reserva, audiencias unilaterales y allanamientos intimidatorios. 

“Estos patrones muestran que la criminalización no es una excepción sino un sistema de injusticia orientado a concentrar el poder, reinstalar la impunidad y desmantelar la justicia independiente”, refiere un comunicado conjunto de las organizaciones. 

El documento detalla que en casos de impacto como La Línea, Aceros de Guatemala, Odebrecht, Comisiones Paralelas y Construcción y Corrupción, hay operadores de justica, extrabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y exjueces que están en el exilio quienes enfrentan órdenes de captura. También detalla a periodistas y defensores de derechos humanos que están criminalizados o en el exilio. 

“Existe una colaboración entre el MP y las cortes de justicia que ha facilitado la realización de detenciones y juicios con motivación política que, en gran medida, no respetan garantías procesales ni constitucionales. Esta alianza puede percibirse como un intento deliberado de desmantelar las instituciones anticorrupción establecidas en administraciones anteriores, además de un mecanismo para silenciar a los opositores”, indica el informe. 

Las entidades también presentaron una plataforma que documentará, denunciará y acompañará a quienes han sido criminalizados y se encuentran procesos penales o en el exilio. 

“Es un acto de defensa colectiva que busca nombrar, registrar y activar a las instituciones frente a la persecución política”, afirma un comunicado conjunto de las organizaciones.