García Luna, quien desde 2024 ha fungido como asesor de la Procuraduría General de la Nación (PGN), llega al MP con una trayectoria sin señalamientos. Ha sido integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial y se ha desempeñado como juez, magistrado de Corte de Apelaciones y docente en la Universidad Rafael Landívar.
El plan de trabajo que presentó García Luna ante la Comisión de Postulación está compuesto de 14 ejes, entre estos están la administración eficiente, política criminal, investigación y principios fundamentales basados en la objetividad, independencia, imparcialidad y autonomía; litigio estratégico, carrera fiscal transparente, ética fiscal, disciplina, capacitación, tecnología, derechos humanos, violencia contra la mujer, bienes jurídicos, delincuencia transnacional y equilibrio emocional.
Según el plan, el MP debe garantizar que todas sus actuaciones se ajusten a los mandatos constitucionales y tratados internacionales.
Respecto a la reserva de los casos, García Luna plantea este tema como parte de un litigio estratégico.
“En los últimos años hay un uso constante de las reservas de los casos principalmente en procesos de trascendencia, lo cual, fundamentado en la ley, no es un problema ya que hay casos donde puede existir peligro para la investigación o las mismas víctimas, pero también puede crearse una sensación de ocultamiento y malas interpretaciones por parte de la sociedad preguntándose si en verdad es necesario.
El fiscal también hizo referencia al replanteamiento de las fiscalías especiales, asegurando que debe haber una evaluación de sus resultados, tanto cualitativos como cuantitativos.
“Los sindicados y la defensa tienen derechos a intimaciones y acusaciones congruentes, fundamentadas y en audiencias con argumentaciones claras por parte del MP, además debe de existir la prudencia dentro de la labor de las fiscalías”, añadió.
García Luna plantea una revisión de toda la estructura fiscal especializada en violencia contra la mujer, debido a que aseguró que existe una desconfianza en el trabajo del MP sobre estos casos.
“No obstante que existe la legislación y aparentemente la estructura judicial y fiscal para el combate de este fenómeno en Guatemala, lamentablemente el mismo no disminuye y en general existe un clima de desconfianza respecto al adecuado tratamiento para este tipo de casos”, afirmó.
También propone la creación de mecanismos y órganos de comunicación constante con los países de la región para la lucha contra la delincuencia transnacional.
Nombramiento
A criterio del Movimiento Pro Justicia, su nombramiento no es una sorpresa, pues desde el inicio del proceso de selección de candidatos por parte de la Comisión de Postulación, era uno de los perfiles para que el presidente Arévalo realizada una designación “adecuada”.
“Al final, el doctor García Luna se convirtió en la única opción para el mandatario, pues los otros candidatos están rodeados de severos cuestionamientos por vinculaciones políticas y político-partidarias, conductas personales y la esencia de sus resoluciones”, indicó el Movimiento Pro Justicia.
Pro Justicia señaló que ahora en el Congreso se está buscando modificar la Ley Orgánica del MP para devolverle la potestad al presidente de poder destituir al fiscal general, con el propósito de que, “quien resulte electo presidente para el período 2028-2032, retome la lista de candidatos y nombre a uno de los candidatos más cercanos a su agenda”.
García Luna fue nombrado como fiscal general a pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) al otorgar un amparo provisional en el que se anuló la primera nómina que la Comisión envió al presidente debido a que se ponderó la trayectoria como jueces a algunos aspirantes.
Con esa resolución, García Luna perdió puntos de conformidad con la tabla de gradación, pero en la votación para elaborar nuevamente la nómina, logró ingresar con los votos de todos los comisionados.
