El pasado 30 de diciembre de 2025, a menos de dos días de que entrara en vigencia el presupuesto aprobado para el 2026, la CC decidió otorgar nueve amparos que fueron interpuestos en contra del presupuesto general que estaba vigente para este año. 

La decisión de la Corte dejó desfinanciada a la Superintendencia de Competencia, a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y a la construcción de una cárcel de máxima seguridad, entre otras asignaciones. 

El pasado lunes 26 de enero, el Ejecutivo entregó al Congreso una propuesta de ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones, y de forma exprés, los diputados aprobaron la propuesta de urgencia nacional con el voto favorable de 128 parlamentarios.

“Con la reforma al presupuesto se están agregando recursos que buscan dar, por ejemplo, cumplimiento a la ley antimaras aprobada por este Congreso. También proponemos la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la dotación de equipo táctico a las unidades especializadas en el combate a las maras o pandillas”, aseguró el parlamentario José Carlos Sanabria, del bloque oficialista cercano al presidente Bernardo Arévalo. 

Los únicos diputados que se opusieron en la discusión a incrementar los recursos fueron los aliados de Vamos de Allan Rodríguez, quienes criticaron la ejecución que ha tenido la administración de Arévalo durante el 2024 y 2025. 

“El pueblo no vive de discursos, vive de resultados; y al día de hoy no existen. Hoy nos vuelven a pedir el voto de confianza, nos piden que aprobemos más recursos como si el problema de Guatemala fuera la falta de dinero. Hay que decirlo con toda claridad. El problema no es el dinero, es la falta de capacidad, de conocimiento, de ejecución y de priorización de este gobierno”, sentenció Rodríguez. 

En el debate, los diputados Raúl Solórzano, Sofía Hernandez, Edín de Jesú y Evelyn Morataya presentaron una enmienda que facultaba al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a realizar las readecuaciones presupuestarias para que el personal salubrista fuese trasladado al renglón permanente. 

La modificación también facultaba a la cartera a financiar becas para estudiantes de medicina, ciencias de la salud, farmacia, químicos y biólogos que realicen su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en los distintos niveles de atención del sistema de salud.  73 diputados votaron a favor y 65 en contra de la propuesta. 

Posteriormente, la diputada Morataya denunció que los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Palala estaban dando instrucciones para que esa enmienda no lograra los votos necesarios.

“Allí está la diputada Victoria Palala, que con mucho respeto menciono su nombre. Allí está subida en la Junta Directiva dando instrucciones. ¿Por qué está dando instrucciones? ¿Por qué no quieren apoyar? (…) Vienen a amenazarnos aquí, a decirnos que no los tenemos que mencionar y allí andan recorriendo”, exclamó Morataya. 

Oficialistas promueven ley para favorecer bolsón de los Codede

Antes de ser aprobada la ampliación presupuestaria, los diputados José Carlos Sanabria, Victoria Palala,  Julio Héctor Estrada y Elmer Palencia plantearon con premura y sin discusión una iniciativa para modificar el decreto 7-2025, conocido como Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo (Codede). 

Esta normativa es la que permitió que los fondos no ejecutados por los Codede durante el 2025 fueran trasladados al presupuesto 2026. Además, eliminó los controles de transparencia para la construcción de obras de desarrollo en los departamentos.

La nueva propuesta establece que la modalidad de trasladar los fondos no ejecutados por los Codede de un año a otro quede establecida de forma permanente.

Asimismo, sustituyó el artículo 3 del Decreto 7-2025, que disponía que las municipalidades podrían ejecutar obras aun sin los avales de las entidades rectoras como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los ministerios de Salud, Comunicaciones o Ambiente. Esto solo si después de cinco días las dependencias no habían emitido los avales.  

La modificación indica que las entidades del sector público que se encargan de emitir avales tendrán 30 días calendario para emitir objeciones u observaciones sobre los proyectos de obra. Estos deben estar debidamente fundamentados. Si transcurrido ese plazo, la entidad no ha hecho ningún pronunciamiento, se dejará constancia y el “solicitante -(Codede)- quedará plenamente habilitado para continuar con el trámite administrativo, contractual, presupuestario y con la ejecución del proyecto”.