Luego de que eP Investiga documentara cambios en Guatecompras que dificultaban la consulta y el seguimiento de las compras públicas, el Ministerio de Finanzas Públicas remitió a este medio una comunicación escrita para intentar justificar las modificaciones realizadas en el sistema.

El pasado 24 de agosto, este medio informó que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) había desaparecido del filtro de entidades compradoras específicamente en el listado de instituciones descentralizadas y autónomas, y que también se había limitado a un máximo de un año el período que puede abarcar una búsqueda de compras por texto.

Tras la publicación, las autoridades de Finanzas dieron marcha atrás y revirtieron lo documentado por eP Investiga aunque permaneció un bloqueo para consultar información asociada con personas individuales y empresas que no son contratistas del Estado.

La carta fue enviada en forma electrónica por la Dirección de Comunicación Social de Finanzas, fechada el 25 de agosto, y busca explicar las razones de esos cambios y precisar algunos aspectos relacionados con Guatecompras y el Sistema Informático de Gestión (SIGES).

En su comunicación, Finanzas no niega que la Universidad haya sido retirada temporalmente de esa clasificación. La explicación es que la propia Usac solicitó la creación de dos nuevas unidades de compra y que, al atender esa solicitud, la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE) encontró un impedimento técnico para habilitarlas bajo la clasificación que tenía registrada la Universidad.

Como solución, la Usac fue trasladada temporalmente a la clasificación de “Fideicomisos y Otras Entidades”, dentro de la subclasificación “Otros Tipos”. Según Finanzas, esto permitió crear las unidades solicitadas y, una vez completado ese proceso, la Universidad volvió a ser clasificada conforme al tipo y subtipo que le corresponden.

El Ministerio asegura que las adquisiciones de la Usac nunca fueron eliminadas de Guatecompras. Según la institución, durante el período de reclasificación continuaron registradas y disponibles mediante los mecanismos de consulta correspondientes. Actualmente, agrega, la Universidad puede localizarse nuevamente dentro de la categoría de entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social.

El límite de un año fue una medida temporal, reconoce Finanzas

El segundo cambio señalado por eP Investiga fue la restricción que durante un período limitó las búsquedas por texto a un solo ejercicio fiscal. Sobre este punto, Finanzas confirma que la limitación existió pero explica que fue implementada como una medida temporal debido a problemas de rendimiento del sistema.

Según la carta, determinadas consultas provocaban períodos de lentitud que afectaban la experiencia de los usuarios y podían comprometer el desempeño general de Guatecompras. El Ministerio señala que la restricción buscaba preservar la estabilidad de la plataforma mientras el área tecnológica realizaba optimizaciones.

La propia institución reconoce que las dificultades ocasionadas por esta medida pudieron afectar a quienes utilizan Guatecompras para labores de fiscalización, investigación y auditoría social.

Finanzas afirma que la funcionalidad ya fue restablecida y que nuevamente es posible realizar búsquedas correspondientes a períodos más amplios. Por ello, sostiene que la limitación no constituyó una restricción permanente al acceso a la información.

Finanzas también responde sobre SIGES

El tercer punto abordado por el Ministerio refiere a la mención realizada en la publicación sobre un módulo de SIGES cuyo acceso público habría sido retirado. Finanzas señala que la publicación original no identificaba mediante imágenes, enlaces o una referencia específica cuál era el módulo al que se hacía referencia. El Ministerio considera que podría tratarse del mecanismo relacionado con el Número Electrónico de Contrato (NEC).

Sobre este punto, Finanzas afirma que el NEC no ha sido modificado ni eliminado. Explica que este mecanismo está relacionado con el registro de contratos de infraestructura y que su vinculación es obligatoria para las entidades del Organismo Ejecutivo que ejecutan este tipo de contratos.

El Ministerio agrega que las entidades que no pertenecen al Organismo Ejecutivo, como las entidades descentralizadas y autónomas, gobiernos locales y empresas públicas, no están comprendidas dentro de las instituciones obligadas a generar y registrar un NEC. Por ello, la ausencia de ese enlace en los eventos correspondientes a esas entidades no significa, según Finanzas, que se haya eliminado una funcionalidad que les correspondiera.

Las restricciones que benefician a la corrupción

La carta de Finanzas aporta una explicación sobre dos de los cambios que eP Investiga había documentado, pero no aborda todos los puntos señalados en la publicación. La investigación también informó que Guatecompras continúa restringiendo la consulta del NIT y el CUI de personas individuales, lo que dificulta rastrear información relacionada con diputados, funcionarios públicos y personas de sus entornos familiares y empresariales.

La publicación también señala que persistían restricciones para consultar información de empresas que no cuentan con historial de adjudicaciones con el Estado. Esas consultas habían estado disponibles públicamente antes de los cambios implementados en julio.

Estas restricciones tienen una consecuencia que va más allá de la comodidad para los usuarios. La posibilidad de consultar información de personas y empresas, incluso cuando estas no tienen contratos con el Estado, permite establecer conexiones entre funcionarios, diputados, familiares, socios y proveedores, y seguir las relaciones comerciales que pueden ser relevantes para investigaciones sobre posibles conflictos de interés, tráfico de influencias o corrupción.

En muchos casos, una persona que no aparece como contratista del Estado puede ser parte del entorno familiar o empresarial de alguien que sí tiene vínculos con instituciones públicas. Limitar la posibilidad de consultar su información básica dificulta reconstruir esas redes y seguir el rastro de relaciones que pueden resultar relevantes para la fiscalización.

“Si la percepción es de retroceso, no le conviene al gobierno”

Según Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, la reacción que provocaron los cambios y la percepción negativa que generaron deberían llevar al gobierno a considerar revertir todas las modificaciones que dificulten el acceso a la información.

Marroquín señala que, aunque desde la perspectiva oficial los cambios puedan justificarse como medidas destinadas a hacer más eficiente el funcionamiento del sistema, el efecto que producen en materia de transparencia también debe ser tomado en cuenta.

“La corrupción se mide por percepción”, sostiene el director de Acción Ciudadana, al advertir que si los cambios son percibidos como un retroceso en el acceso a la información, al gobierno no le conviene quedar asociado con esa imagen.

A su juicio, las autoridades deberían considerar dar marcha atrás a las modificaciones que generan obstáculos para la fiscalización. Si el Gobierno decide mantener algunos de esos cambios porque considera que mejoran el funcionamiento de las plataformas, agrega, debería abrir una ronda de consultas con organizaciones de la sociedad civil y otros usuarios para validar esas modificaciones.

El planteamiento parte de una diferencia entre la visión institucional y la experiencia de quienes utilizan las herramientas para fiscalizar. “Desde la perspectiva oficial parece que las modificaciones a Guatecompras es algo bueno, pero desde la óptica de la sociedad civil los cambios dificultan la fiscalización”, explica Marroquín.

Por ello, considera que el criterio debería ser facilitar y no complicar el acceso a la información. El gobierno, afirma, debería estar enfocado en facilitar y transparentar los datos que ayuden a contrarrestar a la corrupción y quienes se benefician de ella.