Según el comunicado oficial, en noviembre de 2025 Tigo Guatemala pagó más de US$118 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia por un esquema de sobornos a funcionarios gubernamentales guatemaltecos que se prolongó durante varios años.
La empresa es una subsidiaria de propiedad total de Millicom International Cellular, S.A., compañía de telecomunicaciones constituida en Luxemburgo y con sede operativa principal en Estados Unidos.
Como parte de la resolución, Tigo Guatemala firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) por dos años, en relación con una acusación penal presentada en el Distrito Sur de Florida por un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con documentos judiciales citados en el comunicado, entre 2012 y 2018 la empresa participó en un esquema de sobornos generalizado y sistemático, que consistía en pagos mensuales, generalmente en efectivo, a miembros del Congreso guatemalteco o a integrantes de sus equipos de seguridad, a cambio de apoyo a iniciativas legislativas que beneficiaban a Tigo Guatemala.
Según el Departamento de Justicia, parte de los fondos utilizados para estos pagos provenía del dinero vinculado al narcotráfico.
El DPA también obliga a la empresa y a su casa matriz a cooperar con la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia y con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del acuerdo.
El comunicado detalla que la investigación del Departamento de Justicia tuvo dos fases. Una primera investigación fue cerrada en 2018; sin embargo, en 2020 las autoridades obtuvieron nuevas pruebas de fuentes distintas a Tigo Guatemala y Millicom, lo que llevó a la reapertura del caso.
Estas nuevas evidencias revelaron, según la información, el alcance de la conducta investigada y que la actividad continuó durante y después del cierre inicial de la investigación.
El Departamento de Justicia informó además que fiscalías federales de los distritos Sur de Florida y Sur de California ya presentaron cargos contra cuatro personas relacionadas con el esquema.
Finalmente, el comunicado señala que el FBI investiga el caso, sin proporcionar detalles adicionales sobre el alcance de dicha investigación ni sobre las personas o conductas específicas que son objeto de análisis.
