Según un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos, el acuerdo permitirá compartir información entre agencias de seguridad “para que los fugitivos deportados con órdenes de captura activas en Guatemala sean identificados y arrestados a su llegada al país”. El texto enmarca el programa como parte de la estrategia “Estados Unidos Primero” impulsada por la administración Trump, y destaca que ha facilitado la deportación de más de 5 mil 600 personas, incluidas 1 mil 565 guatemaltecas.

Durante el acto oficial, el director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, presentó a SAFE como “una plataforma de trabajo binacional” contra el crimen transnacional y la impunidad. Destacó cuatro pilares del acuerdo: cooperación operativa, intercambio de inteligencia, formación especializada y respeto al debido proceso. 

“No toleraremos que el territorio guatemalteco sea refugio para quienes huyen de la justicia”, afirmó, subrayando que SAFE busca legitimar las acciones policiales y fortalecer la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Por parte de la embajada estadounidense, Liana Castaño, directora asociada, afirmó que el objetivo es garantizar que los fugitivos guatemaltecos “enfrenten justicia” y sean “retornados a través de las misiones de ICE”. Castaño celebró la cooperación entre ambos países desde 2015 en la localización y detención de personas con antecedentes penales, y aseguró que “la detención de estos criminales continuará siendo una prioridad”.

Por su parte, el embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, defendió el acuerdo como una medida para crear “una región más segura”, y sostuvo que SAFE “promueve la cooperación entre las fuerzas de aplicación de la ley para garantizar la seguridad pública y combatir las amenazas criminales”. En su intervención, recordó que el programa se presentó públicamente en febrero de este año. “Juntos estamos haciendo a América, Guatemala y toda la región mucho más seguros”, enfatizó.

Finalmente, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, recalcó que SAFE “no reemplaza la soberanía y la refuerza”. Detalló que el programa permitirá la ubicación, verificación, deportación y entrega inmediata de personas con órdenes judiciales pendientes. 

Aseguró que desde 2018, cuando SAFE empezó a operar informalmente en el país, se han ejecutado 1 mil 055 órdenes de captura y detenido a más de 900 personas. “Estamos trabajando para que en Guatemala se haga cumplir la ley”, dijo. “La seguridad de nuestros pueblos no se construye con discursos, se construye con hechos”, externó en su discurso.

A pesar del énfasis en la cooperación bilateral, ni el memorándum ni los discursos oficiales incluyeron compromisos específicos sobre garantías judiciales, mecanismos de supervisión independiente o protección de derechos humanos para las personas deportadas.