La propuesta contiene siete artículos que, entre otras cosas, ofrece una absolución para personas indígenas o campesinas que se encuentren investigadas, procesadas o condenadas por hechos relacionados a su participación en las manifestaciones ciudadanas realizadas del 13 de julio de 2023 hasta el 30 de enero de 2024. Las cuales, según la propuesta de ley, fueron en defensa de la democracia y de los resultados electorales.

El diputado Román Castellanos enfatizó que varias autoridades indígenas que participaron de esas manifestaciones están siendo perseguidas y criminalizadas por el Ministerio Público (MP).

“Entre ellas podemos mencionar a las autoridades indígenas de Sololá y, particularmente, a los integrantes de la Junta Directiva de los 48 cantones, como en su momento fue Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que hasta hoy no han sido escuchados por el juez correspondiente en su fase intermedia”, afirmó Castellanos. 

El pasado 23 de octubre, los líderes indígenas exintegrantes de los 48 cantones de Totonicapán cumplieron seis meses de estar en prisión preventiva. Ambos son acusados de terrorismo por el MP. 

La propuesta de los congresistas es eliminar por completo la responsabilidad penal para aquellos que hayan sido autores, cómplices o encubridores de delitos detallados en los siguientes títulos del Código Penal:

-Contra la seguridad del Estado

-Contra el orden institucional

-Contra el orden político interno del Estado

-Contra el orden público 

-Contra la tranquilidad social

-Contra la administración pública 

También se incluye amnistía para los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, que hayan sido efectuados durante las protestas ciudadanas del 13 de julio de 2023, hasta el 30 de enero de 2024.

El artículo 4 establece que, para aplicar el perdón, el juez de causa deberá celebrar audiencia para que se decrete el sobreseimiento, otorgándole la libertad inmediata y el cese de cualquier medida de coerción que hubiera sido dictada en contra del acusado. Este procedimiento se efectuará a petición de la parte o su abogado defensor. 

El mismo texto aclara que las órdenes de captura contra los integrantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas que hayan sido giradas por los delitos especificados en la norma serán revocadas inmediatamente. 

También ordena la anulación de las sentencias y la liberación inmediata de quienes enfrenten un proceso penal por los delitos expuestos durante las protestas de 2023.