Núñez, concejala en el Ayuntamiento de Alcorcón y hasta hoy vicesecretaria nacional del PP para Movilización y Reto Digital, fue señalada públicamente por inconsistencias en su currículum. En el sitio oficial de la UFM Madrid se afirmaba que era licenciada en Derecho por la Universidad Central de Missouri (UCM) en Estados Unidos.
Al destaparse el error, la institución modificó la información, cambiando la universidad por la Complutense de Madrid. Sin embargo, ambas versiones resultaron ser falsas.
La propia Núñez reconoció que no posee ninguna titulación oficial. Detalló que inició estudios en Derecho en la UCM, luego pasó a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) donde cursó Estudios Ingleses, y posteriormente un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Ninguna de esas carreras fue finalizada. “Fue una equivocación burocrática”, declaró en redes sociales y aseguró que no hubo intención de engañar.
La UFM reaccionó retirando su perfil de la web, donde hasta ese momento aparecía como profesora del curso “Sociedad Civil y Estado de Derecho”.
El caso provocó una ola de críticas públicas, en particular por tratarse de una figura política relevante en el PP y por evidenciar fallos graves en los controles académicos de la Universidad Francisco Marroquín.
La diputada fue cuestionada por haber presentado la misma información errónea también en su ficha parlamentaria oficial, lo cual llevó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a solicitar al Congreso la eliminación inmediata de dichos datos y a exigir “honestidad” por parte de la parlamentaria.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue uno de los primeros en señalar la falsedad, lo que motivó a Núñez a acusar al Gobierno de promover una campaña de acoso en su contra.
La presión finalmente condujo a su dimisión. Este martes, Noelia Núñez anunció su renuncia al escaño en el Congreso y a todos sus cargos dentro del Partido Popular. En una carta pública, reconoció que cometió “un grave error” al no corregir oportunamente la información que figuraba en distintas plataformas, y aseguró que daba un paso al costado “para no dañar al partido ni a la institución parlamentaria”.
Más allá del escándalo personal, el caso ha suscitado un debate de fondo sobre el funcionamiento y la regulación de instituciones educativas privadas en España.
La UFM Madrid, abierta en 2019 como extensión de la universidad guatemalteca, ofrece programas formativos en economía, derecho y liderazgo, pero no está reconocida como universidad oficial por el Ministerio de Universidades de España. Críticos han señalado que la institución opera más como un centro de formación ideológica y que sus criterios de contratación podrían priorizar afinidades políticas sobre méritos académicos. Según el medio elDiario, los títulos solo son válidos en Guatemala aunque tienen autorización de operar en España. Hasta el momento, la UFM no se ha pronunciado públicamente al respecto.
