En un comunicado suscrito por David Gaitán, abogado que trabajó para la CICIG, la exfiscal general, Thelma Aldana, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y la exsubjefa de la FECI, Siomara Sosa, se afirma que la decisión de la Sala Tercera constituye un nuevo acto de criminalización y que atenta contra el debido proceso.

Además, indicaron que estas acciones han sido impulsadas por el MP bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras y con la intervención directa de la Fundación contra el Terrorismo.

En el pronunciamiento señalan que las órdenes de captura fueron emitidas de manera irregular, ya que las Salas de Apelaciones no tienen competencia para emitir este tipo de resoluciones. 

“Las órdenes de aprehensión solo pueden ser emitidas por el juez de primera instancia a cargo del proceso penal”, sostienen, señalando una violación al principio de legalidad procesal.

Los exfuncionarios también denuncian una posible doble persecución penal, al afirmar que los hechos sobre los cuales se basa la resolución ya fueron conocidos y resueltos previamente por instancias judiciales competentes, como parte de acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht.

Otro de los puntos destacados es la violación de normas internacionales, particularmente del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que dio origen a la CICIG. Según los firmantes, dicho convenio otorga inmunidades y privilegios al personal de la comisión, lo cual no fue tomado en cuenta por la Sala Tercera.

“Estas maniobras ilegítimas buscan perpetuar la impunidad de individuos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres, quienes recibieron más de 20 millones de dólares en sobornos”, agrega el documento.

Finalmente, los firmantes afirman que agotarán todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, y reiteran su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas.