Los cuatros magistrados, señalados en el caso TREP, retomaron sus cargos a finales de noviembre de este año gracias a un amparo otorgado por la CSJ en el que cuestionaban la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones, que los había despojado de sus cargos.
En ese sentido, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ, que se integró con los magistrados Igmaín Galicia Pimentel, Estuardo Cárdenas y Vanessa Juárez Midence, rechazó el pedido de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP para revocar el amparo otorgado en noviembre a los magistrados.
Sin mayor explicación ni argumentación, la CSJ indicó “estese a lo resuelto” sobre la resolución emitida el 27 de noviembre, que permitió a los cuatro magistrados retomar sus funciones en el TSE.
En enero de este año, los magistrados habían retomado por breve periodo sus cargos, luego de una resolución emitida por el juez Erick García, pero esta fue anulada por la Sala Tercera de Apelaciones.
El pasado 12 de diciembre, Prensa Libre informó que el MP presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la decisión de la CSJ que permitió a los magistrados retomar sus cargos. Según la información, la CC dio trámite a la acción, pese a que se presentó de forma extemporánea.
El caso TREP
Los magistrados estuvieron separados de sus cargos durante al menos dos años, luego de que fueron procesados por presuntas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El 30 de noviembre de 2023, el Congreso, con 108 votos a favor, decidió retirar el derecho de antejuicio a los cuatro magistrados. Mientras que el 11 de enero de 2024, se confirmó que un juez autorizó la orden de captura en su contra.
En marzo de 2024, los cuatros magistrados fueron ligados a proceso penal por el delito de fraude. La jueza del Juzgado Duodécimo Penal, Karen Chinchilla, no encontró elementos para ligarlos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
