La iniciativa fue presentada ante la Dirección Legislativa el 4 de mayo de 2021 por diputados de diversas bancadas. El pleno conoció la propuesta el 29 de septiembre de ese año y, el 6 de diciembre, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología le dio dictamen favorable. 

El 16 de octubre de 2024, la Comisión de Cultura también le dio dictamen favorable, pero con modificaciones. 

Sin embargo, la propuesta tuvo que esperar casi cinco años para avanzar en el proceso legislativo. El Congreso la aprobó en primer debate el pasado 3 de febrero y, siete días después, le dió luz verde en segundo debate.

Ahora, el Legislativo busca retomar su discusión en tercer debate, por artículos y redacción final, prevista para mañana. Su aprobación, sin embargo, todavía no está asegurada.

De convertirse en ley, se crearía el Instituto Guatemalteco de Cine, una entidad autónoma, encargada de impulsar y regular el desarrollo de la cinematografía nacional. La institución tendría a su cargo una Comisión Fílmica y una cineteca. 

La propuesta también contempla la creación del Consejo Nacional de Cine, integrado por representantes de los ministerios de Cultura y Deportes, Economía y Relaciones Exteriores; del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), así como de productores, representantes de la industria cinematográfica y del sector académico.

Otro de sus componentes sería la instalación de un Fondo de Fomento al Cine, que administraría el instituto para financiar proyectos y actividades de la industria audiovisual. Su estructura incluiría las direcciones de Fomento y Difusión, Administrativa y Financiera y, de Investigación, Formación y Tecnología.

Empleo e inversión

La Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Aga Cine), emitieron un pronunciamiento en respaldo a la iniciativa. Ambas organizaciones consideran que la aprobación de la ley representa una apuesta por la cultura, el empleo y la inversión.

“Guatemala ya hace cine. El país cuenta con talento, productores, actores, técnicos, servicios, locaciones y capacidad creativa; lo que falta es un marco institucional que permita desarrollar esa actividad de forma sostenida, señalaron

Las organizaciones sostienen que la normativa permitiría dar certeza jurídica a los inversionistas y formalizar una actividad que involucra a distintos sectores económicos. 

“La iniciativa de Ley de Cine busca llenar ese vacío: dar certeza jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros, sacar al sector de la informalidad y lograr que más historias, y una mayor parte de la actividad económica que generan, se produzcan en Guatemala. En otras palabras, crear la industria de cine guatemalteco”, indicaron. 

Según el comunicado, la actividad cinematográfica también genera oportunidades para técnicos, personal de iluminación y sonido, transporte, alimentación, hoteles, construcción, seguridad, servicios legales y contalbles, entre otros sectores.

Fondo e incentivos fiscales

La iniciativa contempla un Fondo de Fomento al Cine, para financiar parcialmente la escritura, el desarrollo, la producción, la postproducción, la distribución y la exhibición de obras guatemaltecas. También respaldaría actividades de formación y la preservación del patrimonio cinematográfico.

Los recursos se entregarían mediante convocatorias y concursos evaluados por comités de selección independientes. Sin embargo, su asignación dependería del presupuesto que solicite el Instituto Guatemalteco de Cine cada año y apruebe el Congreso de la República.

Las organizaciones que respaldan la propuesta consideran que los recursos destinados a este fondo representarían una inversión y no un gasto para el Estado. “Tomando como referencia la experiencia en República Dominicana tras aprobar su propia ley, se estima que cada quetzal invertido en el cine devolverá cinco al Estado”, afirmaron. 

La iniciativa también establece incentivos fiscales para impulsar la producción cinematográfica. Entre ellos figura un crédito contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta el 20 por ciento del impuesto determinado para contribuyentes residentes que aporten a proyectos certificados.

Asimismo, contempla devoluciones parciales de hasta el 30 por ciento de la inversión para productoras guatemaltecas y de hasta el 20 por ciento para productores internacionales no residentes.

Para acceder a estos beneficios, los proyectos deberán inscribirse en el Registro Cinematográfico Guatemalteco, ejecutar la totalidad de los fondos en el país, contar con al menos un 20 por ciento de participación creativa o técnica guatemalteca, obtener la certificación técnica y financiera del instituto y estar al día con sus obligaciones tributarias.

Fiscalización y sanciones

La propuesta también establece que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) verificará la correcta aplicación de los incentivos fiscales.

Ante casos de falsedad, simulación o incumplimiento del gasto local, la SAT podrá revocar los beneficios, cobrar los impuestos omitidos y aplicar intereses, multas y sanciones.

Además, el fraude implicaría una inhabilitación de tres años para acceder a incentivos, plazo que podría duplicarse en caso de reincidencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales.