En una entrevista sobre la ampliación de su denuncia ante el Ministerio Público, José Rubén Zamora expone los hechos que considera relevantes para investigar una posible red de hostigamiento digital contra periodistas, abogados, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y sus familias.

Zamora pide identificar a los administradores de las cuentas señaladas, preservar la evidencia digital y establecer si existen mecanismos de coordinación con fines ilícitos. También aborda el asesinato de su abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa, y el procedimiento administrativo relacionado con la Fundación contra el Terrorismo.

¿Qué relación tiene esta denuncia con el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa?

Juan Francisco fue mi abogado. Fue perseguido judicialmente y había denunciado amenazas. Su asesinato nos obliga a tomar con mucha seriedad cualquier expresión que pueda constituir una amenaza de muerte. No afirmo que quienes amenazaron a mi familia sean responsables de su asesinato. Precisamente por eso necesitamos investigaciones independientes que esclarezcan los hechos.

¿Foppa recibió amenazas similares a las que ahora denuncia su familia?

Existen antecedentes públicos de amenazas contra Juan Francisco. También hemos documentado publicaciones de cuentas anónimas que utilizan reiteradamente expresiones alusivas a la muerte. Pedimos que se investigue si existe alguna relación entre esas publicaciones, quiénes las realizaron y qué finalidad perseguían.

¿Qué publicaciones motivaron su preocupación?

El 6 de mayo, la cuenta conocida como ¡Yes, Master! publicó que mi persona y los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa teníamos ganado un viaje a «La Playita». El 20 de octubre, tres días después del asesinato de Foppa, esa misma cuenta utilizó la expresión contra mi hijo Ramón, quien la denunció públicamente como una amenaza de muerte. Lejos de detenerse, la cuenta volvió a repetirla.

¿Hay otras personas que estén recibiendo amenazas parecidas?

No somos los únicos que hemos denunciado intimidaciones. Periodistas, abogados, operadores de justicia y defensores de derechos humanos han enfrentado amenazas y campañas de hostigamiento. Recientemente, Édgar Ortiz y Marjorie von Ahn denunciaron amenazas y seguimientos que los obligaron a suspender actividades. Estos hechos merecen una respuesta institucional seria.

¿Considera que Guatemala está regresando a prácticas de violencia política?

Me preocupa que se normalicen las amenazas contra quienes ejercen su derecho a denunciar, investigar y expresarse. Guatemala conoce las consecuencias de permitir que la intimidación y la violencia sustituyan al debate público. No podemos permitir que las amenazas queden impunes.

¿Quiénes están detrás de estas cuentas anónimas?

Eso es precisamente lo que estamos pidiendo que se investigue. Existen estudios que identifican a los principales actores de esta red, sus patrones de interacción y posibles mecanismos de coordinación. Corresponde al Ministerio Público establecer quiénes administran las cuentas y quiénes podrían estar detrás de sus actuaciones.

¿Está señalando directamente a Ricardo Méndez Ruiz, Raúl Falla y la Fundación contra el Terrorismo?

Los estudios identifican las cuentas de Méndez Ruiz, Falla y ¡Yes, Master! entre los actores centrales de una red de ataques contra mi persona y mi familia. Existen además interacciones públicas entre ellos. Eso no demuestra responsabilidad penal, pero sí justifica investigar sus posibles vínculos.

¿Qué pruebas tienen de que existe una red coordinada?

Una investigación de Harald Waxenecker analizó más de 675 mil interacciones en X e identificó patrones de hostigamiento, criminalización y amplificación que sugieren coordinación. También existen informes de la Unión Europea y de Reporteros Sin Fronteras que documentan actividades de estas cuentas.

¿Considera que estas cuentas operaban en coordinación con el Ministerio Público?

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea documentó que algunas cuentas difundían anticipadamente información judicial reservada. Es necesario investigar cómo obtuvieron esa información y si existieron vínculos con funcionarios públicos.

¿Por qué habla de una posible estructura criminal y no simplemente de personas que publican en redes sociales?

Porque los estudios documentan una red con actores y funciones diferenciadas, además de patrones de amplificación y criminalización. Lo que todavía debe establecerse es si detrás de esa organización digital existieron acuerdos, actuaciones o finalidades delictivas.

¿Considera que su denuncia busca criminalizar a personas por tener cuentas anónimas o por criticarlo?

En absoluto. El anonimato y la crítica no son delitos. Estamos denunciando posibles amenazas y otros hechos concretos. No se trata de perseguir opiniones, sino de determinar si determinadas conductas constituyen delitos y quiénes son responsables.

¿Por qué considera urgente que el Ministerio Público investigue estas publicaciones?

Porque no podemos esperar a que ocurra una tragedia para preguntarnos si las amenazas debieron investigarse. El Estado tiene la obligación de actuar cuando recibe información sobre hechos posiblemente delictivos, preservar la evidencia e identificar a sus responsables.

¿Qué espera concretamente que haga el Ministerio Público?

Que preserve la evidencia digital, identifique a los responsables de las posibles amenazas, investigue las relaciones entre las cuentas y determine si existieron mecanismos de coordinación con fines ilícitos. Si se acreditan delitos, que se deduzcan las responsabilidades correspondientes.

¿Confía en que el Ministerio Público investigará estas denuncias?

Espero que cumpla con su obligación. No estoy pidiendo favores ni privilegios. Estoy aportando evidencia y solicitando diligencias concretas. Lo que corresponde es investigar con independencia, objetividad y respeto al debido proceso.

¿Qué hará si el Ministerio Público no investiga o vuelve a rechazar sus solicitudes?

Seguiremos utilizando los mecanismos legales disponibles, documentando los hechos y exigiendo respuestas institucionales. El acceso a la justicia no puede depender de quién presenta la denuncia ni de quiénes podrían resultar investigados.

Sobre la solicitud para cancelar la Fundación contra el Terrorismo

¿Qué pasó con la solicitud de cancelación de la Fundación contra el Terrorismo?

La presentamos el 18 de febrero. El Registro de Personas Jurídicas rechazó inicialmente nuestra petición y el 30 de marzo interpusimos un recurso de revocatoria. Estamos exigiendo que las autoridades resuelvan conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la ley.

¿Por qué solicita la cancelación de la fundación?

Porque consideramos que existen hechos que ameritan revisar si sus actuaciones son compatibles con los fines y obligaciones legales de una fundación. Hemos presentado argumentos y evidencia. Corresponde a las autoridades determinar si existen causales legales para su cancelación.

¿Qué relación tiene esa solicitud con la denuncia sobre las amenazas?

Son procedimientos distintos, pero existen antecedentes que justifican investigar posibles conexiones. En ambos casos estamos solicitando que las autoridades examinen la evidencia, determinen las responsabilidades que correspondan y actúen conforme a derecho.

¿Qué mensaje envía a quienes consideran que estas denuncias forman parte de una confrontación política?

No estoy pidiendo un trato especial, ni que se condene anticipadamente a nadie. Tampoco pretendemos criminalizar la libertad de expresión o el anonimato en las redes sociales. Estamos denunciando hechos concretos que podrían constituir delitos y aportando evidencia para que sean investigados.

¿Cuál es su principal exigencia a las autoridades?

No pedimos privilegios. Exigimos que se investigue con independencia, que se conozca la verdad y que se aplique la ley. Los guatemaltecos tenemos derecho a vivir sin amenazas, a denunciar los abusos del poder y a ejercer nuestras libertades sin temor a represalias.

¿Qué espera que ocurra después de ampliar su denuncia?

Que el Ministerio Público identifique a los responsables, preserve la evidencia digital, investigue los posibles mecanismos de coordinación y determine si detrás de estas actuaciones existe una estructura criminal. Si esa estructura existe y se acreditan sus actividades delictivas, corresponde a las autoridades desarticularla y llevar a sus responsables ante la justicia.