Los magistrados de la CC resolvieron el pasado 26 de marzo un caso clave para el control del gasto público al declarar sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada contra la obligación de las empresas de revelar a sus beneficiarios finales para poder contratar con el Estado. Con esta decisión, el tribunal valida un requisito que apunta directamente a eliminar el anonimato en las estructuras empresariales que reciben fondos públicos.

El fallo, emitido dentro del expediente 4255-2025, analiza un planteamiento promovido por Raúl Enrique Ramírez Ceballos contra un apartado del Acuerdo Gubernativo 133-2024, reformado por el Acuerdo Gubernativo 208-2024. Estas normas obligan a las sociedades a identificar no solo a sus accionistas, sino también a las personas individuales que, en última instancia, poseen o controlan las decisiones de la empresa (los llamados beneficiarios finales) como condición para inscribirse o mantenerse activas en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

La controversia se originó en 2025, cuando la propia CC suspendió de forma provisional esta obligación mientras analizaba el fondo del caso, tras la acción promovida por el mismo abogado. Esa suspensión dejó temporalmente sin efecto el requisito que buscaba transparentar quiénes están detrás de las empresas proveedoras del Estado.

En su argumentación, el accionante sostuvo que exigir esta información violaba derechos constitucionales, como la inviolabilidad de documentos privados y la libertad de industria y comercio. A su criterio, los datos sobre socios y propietarios de una empresa forman parte de la esfera privada y solo pueden ser conocidos mediante orden judicial.

Sin embargo, el Estado defendió la medida como un mecanismo necesario para fortalecer la transparencia y prevenir prácticas ilícitas. La identificación de beneficiarios finales, según las autoridades, permite detectar conflictos de interés, evitar la participación de personas con prohibiciones legales y reducir riesgos de corrupción o lavado de dinero.

Un requisito voluntario, pero obligatorio para contratar

Al resolver el caso, la Corte fue enfática en establecer que no se trata de una obligación general para todas las empresas, sino de una condición específica para aquellas que deciden, de forma voluntaria, contratar con el Estado. En palabras del tribunal, “la obligación de proporcionar la información cuestionada se activa únicamente respecto de quienes, de manera voluntaria, manifiestan su interés en contratar con el Estado”.

El tribunal también subrayó que la libertad económica no es absoluta cuando está en juego el manejo de fondos públicos. En ese sentido, consideró que exigir la identificación de los beneficiarios finales es una medida razonable, proporcional y orientada a un fin constitucionalmente legítimo: “la transparencia en la gestión de los recursos del Estado, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas”.

Cinco votos contra dos

De acuerdo con la resolución del expediente 4255-2025, la votación del pleno de la Corte fue mayoritaria para declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad.

Cinco magistrados votaron a favor del fallo que valida la obligación de revelar beneficiarios finales: Roberto Molina Barreto, quien actuó como magistrado ponente; Dina Josefina Ochoa Escribá, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Nester Mauricio Vásquez Pimentel y Luis Alfonso Rosales Marroquín.

En contraste, la entonces magistrada presidenta Leyla Susana Lemus Arriaga y el magistrado Juan José Samayoa Villatoro no acompañaron la decisión mayoritaria.

Ambos magistrados emitieron un voto razonado disidente, argumentando, entre otros puntos, que la medida transgrede el artículo 24 de la Constitución al obligar a la revelación de información privada sin una orden judicial previa.

Efectos del fallo

La Corte destacó que conocer quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas permite prevenir el uso de estructuras opacas, como sociedades de papel o testaferros, utilizadas para ocultar a los beneficiarios reales de contratos públicos. En esa línea, afirmó que el beneficio público obtenido “excede con claridad cualquier incomodidad o carga administrativa” y que no constituye una limitación indebida a la libertad de industria o comercio.

Como resultado de la sentencia, se revocó la suspensión provisional que mantenía en pausa la norma, lo que permite su aplicación inmediata. Esto implica que las empresas que no identifiquen a sus beneficiarios finales podrían quedar fuera de los procesos de contratación pública.

La resolución incluye además una multa de mil quetzales para cada uno de los abogados que auxiliaron al accionante, al considerar que la acción carecía de suficiente fundamento jurídico.