La Corte de Constitucionalidad (CC) dio luz verde a la obligación de revelar beneficiarios finales para contratar con el Estado. Por mayoría de cinco votos contra dos, el tribunal dejó en firme el requisito que obliga a las empresas que buscan hacer negocios con el Estado a identificar a las personas que, en última instancia, las controlan, como una medida orientada a fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción.
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