CC anula sentencia que beneficiaba a José Luis Benito en el caso Libramiento de Chimaltenango

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a favor de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Con esto suspendió los efectos de la sentencia que eximía al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, de garantizar al Estado de Guatemala un resarcimiento efectivo, integral y proporcional por los daños ocasionados dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.

Denis Aguilar

julio 2, 2026 - Actualizado julio 2, 2026

Según informó la PGN, la resolución deja sin efecto, de manera provisional, la decisión judicial que había beneficiado al exfuncionario, mientras la máxima corte del país decide en definitiva el proceso de amparo.

“La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional solicitado por la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia que favoreció al señor José Luis Benito Ruiz, misma que le eximía de garantizar al Estado de Guatemala un resarcimiento efectivo, integral y proporcional al daño ocasionado”, señaló la institución.

La Procuraduría calificó la decisión como “un avance significativo en la defensa de los intereses del Estado” y sostuvo que reafirma “la importancia de que toda decisión judicial observe los principios de justicia, proporcionalidad y reparación efectiva”.

Asimismo, indicó que continuará promoviendo las acciones legales necesarias para proteger el patrimonio estatal.

“La PGN reafirma su compromiso de agotar todos los recursos legales que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para defender los intereses del Estado, actuando siempre con estricto apego a la ley”, añadió.

Condena por fraude

En diciembre de 2025, José Luis Benito Ruiz fue declarado culpable del delito de fraude dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, luego de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Como resultado, el exministro fue condenado inicialmente a cinco años de prisión. Sin embargo, debido a la reducción de la pena contemplada en ese procedimiento, la condena quedó en dos años y seis meses de prisión, conmutables a razón de Q20 diarios. La ejecución de esa pena quedó en suspenso.

El caso ha sido conocido por la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, quien ha sido recusada por parte de la PGN en el caso en reiteradas ocasiones.

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