En la citación, Lucrecia Prera, de la PGN, indicó que el pasado 21 de mayo fueron notificados de la decisión de declararse sin lugar una solicitud de cambio de fiscalía, luego de que el proceso fue asignado a la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia, la cual está a cargo de la fiscal Leonor Morales Lazo.
Además, informó que han solicitado el acceso al expediente del caso, pero que han recibido respuesta negativa por parte del Ministerio Público (MP).
Informó también que como parte de las acciones que han realizado, han presentado una solicitud de apartamiento para que no sea la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia la que siga conociendo el caso. Sin embargo, indicó que el pasado 21 de mayo fueron notificados sobre la denegatoria de esa solicitud.
Prera indicó que en esa notificación se indicó que la fiscal general regional 2, Cinthia Monterroso, resolvió que el expediente pase a la Fiscalía Regional 1, a cargo de Dimás Jiménez, para que se resuelve si el caso es trasladado a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia.
“Lo que estamos buscando es nuevamente es esperar a que se resuelva en la Fiscalía Regional 1 para presentar nuevamente otra solicitud de apartamiento porque consideramos que la fiscalía más adecuada para conocer y resolver el caso debiese ser la Fiscalía Contra la Trata de Personas”, afirmó Prera.
Además, la PGN señaló que no tenían conocimiento de que ya se han realizado algunas diligencias en el archivo de la Secretaría de Bienestar Social, esto a pesar de que la última información que han recibido es que este caso aún no tienen control jurisdiccional, ya que ese tipo de diligencias deben ser autorizadas por un juez y que incluso las personas que ha hecho las diligencias no se han identificado.
Preocupación
El diputado Chic expresó su preocupación debido a que no se conocen detalles de cómo el expediente terminó siendo conocido por la fiscalía a cargo de Monterroso y cuestionó también que este sea conocido ahora por Jiménez.
En ese sentido, Chic instó a la PGN, así como la Comisión Presidencial Por la Paz y de los Derechos Humanos (Copadeh) y al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para que se solicite una reunión con el fiscal general, Gabriel García Luna, y que se le haga saber sobre lo que está pasando con el caso de las adopciones irregulares.
Chic dijo esta situación debe hacérsela ver al fiscal general, ya que se trata de un caso donde hay delitos de lesa humanidad, así como delitos y crímenes de guerra.
El diputado señaló que le preocupa que esté caso haya pasado por Cinthia Monterroso, Dimas Jiménez y Leonor Morales, además de que el caso pueda ser enviado a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia. “No sé qué es peor, sale uno de las brasas y cae al fuego con esta gente”, comentó Chic.
En febrero de este año, expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vincularon a Porras en procesos de adopciones ilegales que habrían ocurrido en Guatemala en los años 80 y pidieron que se realizara una investigación al respecto. No obstante, en abril de este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió rechazar una solicitud de antejuicio en contra Porras.
