La resolución de la jueza unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal y Narcoactividad de Chiquimula, beneficia a Bernardino Pérez, Juan Agustín, Santos Gerónimo Ramos Méndez, Rosa Margarita Pérez Canán, María Santos Méndez, Felipe Díaz Ramos, Juan Carlos Pérez Canan, Leonor Crisóstomo Méndez de Ramos, Guillermo Ramírez Pérez y Fredy Geovani Ramírez Ramirez; todos autoridades mayas de la región Ch’orti’ de Olopa, en Chiquimula.

En el comunicado se informó que los defensores eran procesados desde 2021 por el delito de detención ilegal y tenían denuncias en su contra efectuadas por los propietarios de la Minera Cantera Los Manantiales. Según CALDH, los procesados ejercieron su derecho de manifestación pacífica para defender su tierra y territorio, por la contaminación que provocaba el proyecto minero. 

“Durante el debate, las pruebas documentales, declaración de testigos y prueba científica de testigas y técnicas confirmaron que los y las acusadas no detuvieron ilegalmente a ninguna persona y que en ningún momento utilizaron armas ni accionaron con violencia contra ninguna persona”, informó CALDH.

Agregan que las pruebas evidenciaron que el proyecto minero no realizó una consulta previa a las comunidades, tal como lo dictan las leyes nacionales e internacionales. Tampoco se efectuó un análisis del impacto ambiental en la región, ni se informó a la comunidad del mismo. 

“Testigos afirmaron que la minera no tenía dónde verter sus desechos, por lo que estos contaminaron el río Jupilingo en Olopa, Chiquimula, y las personas empezaron a enfermar”, refiere el comunicado. 

La entidad hizo un llamado para cesar la criminalización de las luchas de los pueblos indígenas, relacionada con la defensa y protección de los territorios.