“[…] tanto cobarde contra un solo valiente”.

— Luis de Lión

 Me cuesta aceptar que, en Guatemala, denunciar la corrupción, defender la tierra o exigir justicia pueda poner en peligro la vida. Y, sin embargo, parece pan de cada día.

La muerte violenta de Juan Francisco Solórzano Foppa debería obligarnos a preguntarnos qué país estamos construyendo. También las denuncias recientes del abogado Edgar Ortiz Romero por amenazas y acoso. Pienso en mi amiga Lucía Escobar, periodista en el exilio, y en Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. Voces incómodas difunden información que ciertos sectores preferirían mantener oculta.

Pero la persecución no se limita al periodismo; también adopta otras formas. Es el caso de Miriam Pixtún Monroy, lideresa maya kaqchikel vinculada a la resistencia de La Puya contra la mina El Tambor, quien enfrentó amenazas e intimidación. También el de Aura Lolita Chávez, defensora maya k’iche’, que sufrió amenazas de muerte y tuvo que huir de Guatemala; Bernardo Caal Xol, maestro y líder maya q’eqchi’, quien pasó más de cuatro años en prisión por su lucha en defensa del río Cahabón; y Evelio López Sánchez, periodista maya mam y fundador del medio digital Huehue Es Noticias HNT2, asesinado a tiros el 2 de octubre de 2026, después de haber denunciado amenazas.

La persecución no se limita a quienes aparecen en las noticias. Afecta también a los pueblos indígenas que defienden sus territorios, a las comunidades campesinas que reclaman acceso a la tierra, a las personas trabajadoras que exigen sus derechos y a quienes defienden una educación pública digna. Cuando se intimida a alguien por cuestionar intereses políticos o económicos, el mensaje llega a todas las personas que podrían atreverse a hacer lo mismo. Lo peor sería callar.

¿Qué podemos hacer?

La primera responsabilidad evidentemente corresponde al Estado: investigar las amenazas, proteger a las personas en riesgo y garantizar una justicia independiente. No basta con lamentar los asesinatos. Se necesitan mecanismos eficaces de protección, investigaciones rigurosas y responsables que rindan cuentas.

Pero no olvidemos que la responsabilidad también es nuestra. Como ciudadanos, podemos informarnos, verificar lo que compartimos, apoyar al periodismo independiente y exigir que las autoridades hagan su trabajo. Podemos evitar sumarnos a campañas de difamación y acompañar públicamente a quienes son amenazados. La solidaridad no debe depender de que estemos de acuerdo con quien es perseguido.

Quienes ejercen el periodismo y las organizaciones sociales también necesitan fortalecer sus redes, documentar las amenazas y coordinar respuestas. La libertad de prensa, la defensa del territorio, los derechos laborales y la educación pueden parecer luchas distintas, pero todas tienen algo en común: el derecho a reclamar sin miedo.

No quiero aceptar que el exilio, las amenazas o la muerte sean el precio inevitable de defender un país distinto. La democracia no se limita a votar cada cierto tiempo. También significa poder hablar, investigar, protestar y cuestionar al poder sin temer por nuestra vida o la de nuestras familias.

Esto no debería ser una cuestión de izquierda o derecha. Nadie tendría que arriesgar su seguridad por denunciar un abuso.

¿Qué país queremos construir? Cuando en Guatemala se obliga a quienes alzan la voz a callar, marcharse o esconderse, no pierden solamente esas personas. Perdemos todos.