Nos ha dejado un nuevo ministro de agricultura y se le da nombramiento a una profesional de ese campo tan masculino. Enhorabuena, pero se debiera caminar en fórmula uno, y no en carreta de bueyes; a pesar de la indiferencia, negligencia y colusión de los dos poderes complementarios del Ejecutivo: el Judicial y el Legislativo.

En referencia al Judicial hay que retomar las discusiones esperanzadoras de la democratización y los acuerdos de paz, que nos legaron un Acuerdo Socioeconómico y AGRARIO. El agrarismo es una mala palabra dentro del ambiente de los poderes fácticos, que hoy mantienen una lucha enconada en contra de cualquier avance de bienestar social para contrarrestar la herencia nefasta de 1954, que aún domina.

Debemos recordar que ya entrados los años noventa, junto al apoyo de esquemas institucionales y jurídicos comparados en América Latina se entró en la discusión de los tribunales agrarios. Los poderes patrimonialistas y corporativos pusieron el grito en el cielo y hasta defenestraron a los pocos magistrados que se atrevieron a pasar del diseño institucional a la puesta en práctica. A falta de ello, el despojo de tierras sigue su curso y su marcha histórica de destrucción de la pequeña propiedad agraria. Sería mucho pedirles a las nuevas autoridades empezar por allí; sin embargo, por lo menos, una redignificación del Sector Público Agrícola, sí que es necesaria.

Y para ello un poco de historia inmediata:

En tiempos de los gobiernos militares, a pesar de la represión y de la exclusión, se avanzó en materia de dotar de un plan de carrera y autonomías diversas en el sector público agrícola, al punto que la antes famosa USPADA era la oficina cerebro de la planificación agrícola, en convivencia y conexión con BANDESA -el padre  de BARNRURAL-, DIGESA -la Dirección de Servicios Agrícolas- e INDECA, esta última una autónoma encargada del acopio, principalmente de granos básicos, con inversiones de gran calado en materia de almacenamiento para contrarrestar las típicas oscilaciones de precios del sector.

Estoy de acuerdo con que, al igual que la Dirección General de Caminos en Comunicaciones, tales instituciones fueron envejeciendo y se tornaron obsoletas y una refundación era necesaria; sin embargo, nunca en la forma de su desmantelamiento, privatización y desaparición. En la actualidad, a pesar de que Guatemala sigue siendo un país de alta ruralidad, el sector público agrícola se tornó en asistencialista y distribuidor de bolsas alimentarias y sacos de fertilizantes comprados a los más altos potentados distribuidores que manejan a su harto antojo el monocultivo agroexportador.

El sector, como un todo fue perdiendo su brújula. Hace cerca de quince años se fue diseñando paulatinamente una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) que, dicho sea de paso, no compartí del todo; y que llegaba al extremo de crear un nuevo ministerio paralelo denominado de Desarrollo Rural Integral, al que califiqué en su tiempo de monstruito. Sin embargo, con la ayuda de órganos especializados como la FAO se fue creando toda una metodología de implementación de la PNDRI que está calcada en la memoria histórica del sector público agrícola, pero que lamentablemente los patriotas, los de Jimmy Morales y principalmente Giammattei engavetaron las intentonas incluso tímidas en sus diversos ramales, como la de la Iniciativa de ley 4947 Ley de Agricultura Familiar.

¿Y por qué retomar por lo menos la agricultura familiar? A diferencia del modelo costarricense – como los granjeros de Alajuela- el modelo agrícola guatemalteco, a partir de la reforma liberal fue descansando en la gran propiedad terrateniente agrícola, y los famosos latifundios. Hemos escrito recientemente sobre el país Ixil y el modelo alrededor de la Finca La Perla, que es un caso paradigmático de despojos y arbitrariedades alrededor de la tierra. Y últimamente, el más sonado caso es el despojo de campesinos de Petén, víctima de la corrupción del Fondo de Tierras y manipulado por caciques, en asociación con fondos de inversión diversos, que han venido causando escándalos muy bien tapados en los tribunales del país. Entonces, de la mano del cooperativismo y otras alianzas asociativas, lo que hay que refundar son las formas productivas del propietario presente de la tierra, el que la trabaja y que, en su asociatividad, sea capaz de forjar las diversas cadenas productivas para llegar a los compradores finales, sin necesidad de coyotes ni acopiadores que se reparten las grandes tajadas, y son campeones en facturación falta ante la SAT.

Me gustó hablar ayer, por ejemplo, con un pequeño comerciante contiguo al portal de comercio del Centro Histórico que tiene su kiosco de cacao transformado en delicioso chocolate de Patulul Suchitepéquez, y que en sabor compite con cualquier rival suizo o belga de su género. Así también, conozco esfuerzos en Petén, empujados por PROPETEN, en asociación con AYUDA EN ACCIÓN, para empujar el desarrollo ordenado de la biósfera maya. Por otro lado, el CATIE también es parte de un ambicioso proyecto parcialmente financiado por la cooperación británica para el desarrollo de la sorprendente biosfera maya, cubriendo Belice, Honduras y El Salvador.

Por este lado creo que deben ir las acciones para refundar un buen Sector Público Agrícola, combinando, de acuerdo a la famosa Regla de Chandler: LA ESTRATEGIA CON LA ESTRUCTURA, tal y como se armonizan y coordinan el pie izquierdo y el derecho al caminar.