La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros ha convocado a los colegiados activos graduados o incorporados a la USAC a una Asamblea General para elegir 129 profesionales no catedráticos, graduados en San Carlos para la elección de Decano de su Facultad de Ingeniería. Se trata de un engorroso proceso que ya debiera haberse simplificado, en donde se eligen cuerpos electorales, al mismo estilo de la elección de rector.

Para ser elector, el requisito es haberse graduado en la universidad estatal, y no ser catedrático; sin embargo, para emitir el voto se invita a colegiados carolingios incluyendo a los catedráticos por supuesto. Tradicionalmente, el ejército de votantes resulta ser el de los docentes; al igual que como sucede en otros ambientes facultativos. Los intereses en juego de las decanaturas y el colegio tienen vasos comunicantes, y han ido menguando gracias al surgimiento de universidades privadas; sin embargo, ello trae otras complicaciones gremialistas y corporativistas.

El acto eleccionario deviene de una contundente sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que obliga a renovar cargos en el Consejo Superior Universitario, que viene convocando, a regañadientes, debido al acomodamiento y perpetuación de sus miembros. En el caso de la Facultad de Derecho hay un único candidato dispuesto a reelegirse. El sufragio efectivo y la no reelección debieran ser parte de la democracia latinoamericana en todos los ámbitos.

Si bien la democracia es el más adecuado esquema de participación cívica y política, las desviaciones ocurren en sociedades inestables y subdesarrolladas como las nuestras, en donde las minorías y los grupos de presión hacen mella en el estado de Derecho. Tales minorías tienen el tiempo y el dinero para estar pensando las 24 horas del día en sus privilegios.

En el caso de los dos colegios que aglutinan a los profesionales de las Ciencias Económicas, los tribunales electorales, en contubernio con sus juntas directivas, no se han puesto de acuerdo por dos décadas en la elección de su representante en el Consejo Superior Universitario; y la norma es tan ridícula que permite que el susodicho siga sentado en la poltrona, como si nada.

Se trata de minorías poderosas que detentan el poder, simplemente porque los demás -la mayoría- no tiene tiempo, voz, ni interés en los problemas, ya sea de los colegios o de la Universidad de San Carlos. Sin embargo, la esperanza de cambio siempre debe estar presente, a pesar de las imperfecciones.

Es evidente que la minoría activa, que está vigilando las 24 horas del día por sus intereses grupales está compuesta por la masa de catedráticos, interesados en tener un jefe que los siga contratando, dado que hay un cúmulo de carreras sabatinas, domingueras, con profesores horario-interesados en llegar al privilegiado escalafón financiado con el aporte constitucional. Se trata de una lucha de chances; y derrotar esa maquinaria requiere de un colegiado de calle, consciente y honesto, interesado en que su Alma Máter cambie, para el bien de su profesión. Es, entonces, un camino cuesta arriba, que debe ser impulsado por mensajes morales como el presente.

La Asamblea de Colegios Profesionales es una entidad gremialista que, debido a leyes absurdas como la de las comisiones de postulación tiene influencia en la vida nacional; y hoy se encuentra en primera plana debido a las posturas de varios presidentes de colegios que se han puesto al lado de las huestes corruptas para impedir la toma de posesión de Patricia Gámez, ganadora en las recientes elecciones de renovación del Colegio de Abogados y Notarios.

Y por si ello fuera poco, los intereses corporativos a quienes les interesa tener un decano aliado se ubican, tanto en el ministerio del ramo -el CIV-, como en las municipalidades y el Sistema de Consejos de Desarrollo. Diversas leyes y normativas de gobernabilidad en el sector público han alejado a los colegios de su propósito principal y los ha colocado en la lucha por diversas poltronas en las que se decide la asignación de miles de millones de Quetzales, provenientes del erario. Y las decanaturas están contaminadas de todo ello.

Los poderes corporativos alrededor del Colegio de Ingenieros y la mentada decanatura, se alimentan gracias a ocurrencias de iniciativas de ley como la recientemente aprobada Ley de Infraestructura Vial. Y miremos ¿por qué?:

La denominada Ley de Infraestructura Vial Prioritaria crea, dentro del ministerio del ramo, una dirección sui géneris bautizada como Dirección de Proyectos Viales Prioritarios. Se trata de un órgano desconcentrado, dice la ley; y que contará con recursos propios. Nada menos que un Fondo para Proyectos Viales Prioritarios, que incluso se capitaliza con los saldos que le queden cada año, sin necesidad de devolverlos al fondo común de la Nación. Además, la citada dirección tiene una silla representada por el presidente del Colegio de Ingenieros, y un suplente nombrado para seis años, y que puede ser reelecto.

Este simple ejemplo, que es el más reciente es una muestra de la enconada lucha por tales entidades gremiales y la importancia que los profesionales conscientes del Alma Máter participen en su renovación y reforma.