Defensores/as de derechos humanos, ambientalistas y líderes comunitarios también han sido blanco de una guerra jurídica de larga duración y que ha sido parte de un patrón de criminalización que precede a la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, pero que se ha agravado desde su llegada a dicha institución. Denuncias penales infundadas y el uso del sistema judicial para acosar a representantes orgánicos/as de los grupos subalternos ha sido una estrategia común de los grupos de poder para silenciar a los movimientos sociales y desmovilizar la resistencia indígena, ambiental y comunitaria.

No es ningún secreto que en las últimas décadas la criminalización de activistas indígenas, ambientalistas y defensores/as de territorios y recursos comunes en Guatemala ha sido un patrón recurrente y crecientemente violento. Basta recordar algunos casos emblemáticos que han marcado esta historia para conectar los distintos actores de esta historia de injusticia.

Bernardo Caal Xol es un líder comunitario y activista maya q’eqchi’ que ha defendido a las comunidades de Santa María Cahabón contra la construcción del proyecto hidroeléctrico OXEC en Alta Verapaz. Fue condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de prisión por cargos espurios de robo agravado y detención ilegal de empleados de NETZONE SA, una empresa contratista del Proyecto OXEC, cargos que muchos/as expertos/as y organizaciones internacionales consideran fabricados como represalia por su activismo comunitario. Amnistía Internacional declaró a Caal Xol un prisionero de consciencia.

Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha enfrentado múltiples denuncias penales, incluidas demandas por difamación, impulsadas por actores oscuros como Ricardo Méndez Ruiz que buscan silenciar su defensa de los derechos de los campesinos y su crítica a las violaciones de derechos humanos en Guatemala. Pascual ha sido un objetivo central en la campaña de criminalización contra el CUC.

Anastasia Mejía, periodista y activista maya k’iche’, “fue detenida el 22 de septiembre de 2020 y luego encarcelada en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de Quetzaltenango, acusada por los delitos de sedición, robo, incendio y atentado con agravación de la pena”. Quiché. Su detención fue ampliamente condenada como un ataque a la libertad de prensa y los derechos de los pueblos indígenas.”

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ambos líderes comunitarios y defensores del territorio maya q’anjob’al en Huehuetenango, fueron arrestados en 2015 y enfrentaron cargos de secuestro y detención ilegal. Su criminalización fue vista como una represalia por su lucha contra proyectos mineros en sus comunidades. ¿Qué buscaban, en última instancia, estos líderes comunitarios? En palabras de Baltazar: “Nuestra meta es gobernar como gente maya”.

Ramiro Choc es un líder indígena maya q’eqchi’ y defensor de los derechos de los campesinos en Izabal. Estuvo preso entre 2008 y 2013 y fue condenado por varios delitos, incluidos robo agravado y detención ilegal, cargos que sus defensores/as consideran totalmente fabricados para neutralizar su activismo en defensa de la tierra. Choc falleció el 23 de mayo de 2022 y aquí honro su memoria.

La familia Chajón es una de 22 familias afectadas por la ocupación ilegal de sus terrenos por parte de la empresa Cementos Progreso en la comunidad Maya Kaqchikel de Pilar II en San Juan Sacatepéquez. Estas familias, como lo reportan periodistas comunitarios, “denunciaron otra ocupación de la empresa cementera. El problema que Cementos Progreso instaló en San Juan Sacatepéquez lleva catorce años. La resistencia de su pueblo es la más larga en Guatemala frente a un proyecto minero. Las 12 comunidades desde el año 2005 se declararon en resistencia y en oposición de la planta minera San Gabriel, este es uno de los negocios de la familia Novela Torrebiarte”. Y así es como funciona la guerra jurídica como mecanismo de disciplina, control y represión:

“Prácticamente en San Juan Sacatepéquez no existe el Estado, nadie garantiza los derechos de la población, si defienden sus derechos, el agua y la tierra son criminalizados, la empresa los acusa penalmente, es en ese momento en dónde el Ministerio Público si actúa y Los juzgados emiten las órdenes de detención en contra de sus autoridades.”

En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, hemos visto por años mucha resistencia comunitaria a la Hidro Santa Cruz S.A. Como lo reporta Prensa Comunitaria:

“La empresa española Ecoener Hidralia Energía propiedad de los hermanos Castro Valdivia buscaron instalar sus proyectos hidroeléctricos desde el año 2008 afectando a las comunidades del municipio de Barillas, lo mismo ocurre en el municipio de San Mateo Ixtatán con los proyectos de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos PDHSA vinculados al grupo Castro Valdivia. Desde el año 2008 las comunidades y el movimiento social en el municipio denunció que la empresa no tenía los permisos de los municipales ni estatales para operar. Durante 9 años la actividad de esta empresa española y tres gobiernos provocaron muchos daños en Barillas; el asesinato de varios comunitarios como el caso de Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo 2012, la persecución, criminalización y cárcel política de más de 20 autoridades comunitarias y la imposición de un Estado de Sitio en 2012. El 22 de diciembre de 2016 la empresa externó públicamente que se retiraría del país sin explicar cómo renunciaría a las empresas acreditadas en Guatemala que suman más de cinco o cómo prescindiría de los proyectos otorgados por el Estado en otras regiones del país.”

En Chiquimula, varios activistas maya ch’orti’ han sido criminalizados por su resistencia a proyectos mineros y de infraestructura. Un caso destacado es el de Abelino Chub Caal, arrestado en 2017, enviado a prisión por el juez del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios y formalmente acusado por la jueza Claudeth Domínguez por los delitos de “usurpación agravada”, “incendio” y “asociación ilícita” debido a su trabajo en defensa de los derechos territoriales de su comunidad. Aunque “el 26 de abril de 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo A de Guatemala absolvió completamente a Abelino Chub Caal de las acusaciones de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita” con una sentencia que “puso fin a la detención preventiva del defensor, que duró más de dos años, desde el 4 de febrero de 2017”, el caso de Chub Caal ilustra como el “sistema de justicia” como un todo está implicado en la criminalización espuria de defensores/as de los territorios, recursos comunes y medio ambiente.

Yolanda Oquelí es otra destacada activista que lidera la resistencia contra la mina El Tambor, ubicada en el municipio de San José del Golfo. En 2012, fue atacada y herida de bala como consecuencia de su activismo. Ha enfrentado amenazas, intimidación, y procesos judiciales por su oposición al proyecto minero.

Miembros/as de la resistencia pacífica de La Puya, que se opone al proyecto minero Progreso VII Derivada, ha enfrentado criminalización, incluyendo cargos de usurpación y daños. En 2014 iniciaron “dos procesos legales en contra de once hombres y una mujer por los supuestos delitos de secuestro, detenciones ilegales, lesiones, coacción y amenazas, de hechos ocurridos supuestamente entre el marzo y mayo del año 2012.” Y el abogado defensor de los intereses empresariales fue Fernando Linares Beltranena. Durante 12 años de resistencia en La Puya varios/as de sus miembros/as ha sido objeto de ataques violentos y represión policial, además de acoso judicial.

Varios miembros de las comunidades indígenas en El Estor, Izabal, han sido criminalizados por su oposición a la minería de níquel, especialmente contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Los líderes comunitarios han enfrentado acoso judicial, arrestos y represión violenta.

La operación de la Mina Fénix, propiedad de CGN-Pronico, ha sido fuertemente resistida por comunidades maya q’eqchi’. En respuesta, varios líderes comunitarios han sido arrestados y criminalizados, incluyendo cargos de usurpación, amenazas y asociación ilícita.

Todos estos casos y muchos más que por razones de espacio no pueden ser ilustrados aquí demuestran una tendencia sistemática de criminalización dirigida contra activistas que defienden los derechos indígenas, los territorios y los recursos comunes en Guatemala. A menudo, estas acusaciones penales se basan en pruebas débiles, fabricadas o totalmente espurias, y se utilizan como herramientas para silenciar la oposición y facilitar la implementación de proyectos extractivos o de desarrollo que afectan negativamente a las comunidades locales. Cuando los instrumentos propios de la guerra jurídica no funcionan, los grupos de poder recurren a tácticas más letales para sofocar la oposición de los/as de abajo.

Los casos de CODECA, UVOC y CCDA ilustran perfectamente lo que pasa cuando los instrumentos legales de la guerra jurídica resultan insuficientes para acallar las voces de quienes generalmente no son escuchados/as.

La criminalización de movimientos sociales en Guatemala como CODECA (Comité de Desarrollo Campesino), UVOC (Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas), CUC (Comité de Unidad Campesina), y CCDA (Comité Campesino del Altiplano) ha sido una estrategia recurrente para debilitar su influencia y desmovilizar sus luchas. Pero la eliminación jurídica o física de activistas demuestra la perversidad y maldad de la que son capaces los grupos de poder con tal de mantener en marcha el proceso violento de acumulación extractivista del neoliberalismo globalizado de Guatemala o, como lo he llamado en otras ocasiones, el cacifismo.

Thelma Cabrera, líder indígena y excandidata presidencial por el ahora cancelado partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), ha sido objeto de múltiples campañas de difamación y criminalización debido a su activismo con CODECA, una organización que lucha por los derechos de los campesinos, la nacionalización de la energía eléctrica, la defensa de los recursos comunes y la refundación del Estado. Pero CODECA no ha sido solo objeto de la guerra jurídica convencional pues, además de varios/as militantes que enfrentan procesos judiciales fabricados, otros han sido asesinados. De hecho, según datos que provienen de CODECA misma, desde 2018 hasta el presente 29 defensores/as de CODECA han sido asesinados/as.

Justino Xollim es líder comunitario de la Finca “La Primavera”, municipio de San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz. También es miembro de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). Xollim fue “capturado el 15 de febrero de 2019 en Cobán cuando acudió al Ministerio Público (MP) para poner una denuncia en contra de una empresa maderera, vecina a su comunidad, por tala ilegal de árboles. Fue arrestado mediante una orden de captura derivada de una acusación contra él (por el mismo delito que él iba a denunciar), levantada por personas vinculadas a la empresa maderera.”

En 2018, varios líderes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), incluidos José Can Xol y Mateo Chamán Pacay, fueron asesinados en el departamento de Alta Verapaz. Estos asesinatos ocurrieron en el contexto de la defensa de tierras ancestrales y fueron precedidos por amenazas y criminalización de miembros del CCDA.

Samuel Choc, defensor del agua y el territorio en la comunidad Las Mercedes, del municipio de Chisec, Alta Verapaz, se encuentra desaparecido desde el 31 de diciembre de 2023. Como lo reporta Prensa Comunitaria: “En 2017 llegó a su aldea una empresa de palma africana, con la intención de comprar tierras para ampliar sus cultivos, sin embargo, Choc y otros habitantes se opusieron e incluso mostraron su rechazo al impacto que el monocultivo tendría en sus comunidades, según datos del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Debido a esto se iniciaron tres procesos penales en contra de Samuel Choc, de los cuales uno lo llevó a permanecer casi un año en la cárcel, en prisión preventiva. Fue denunciado el 29 de octubre de 2018.”

Todos estos casos representan una tendencia preocupante en Guatemala, donde los movimientos sociales que defienden derechos indígenas, territoriales y ambientales son sistemáticamente atacados y criminalizados siguiendo el patrón de las políticas de contrainsurgencia que prevalecieron durante el conflicto armado interno y que sirvieron como instrumento de control, disciplina y represión por parte del Estado de seguridad nacional. Las autoridades y grupos de poder familiar-empresarial se apoyan en el sistema judicial para criminalizar, controlar y disciplinar las voces subalternas que resisten los procesos de extracción y explotación de los recursos comunes. Pero cuando la criminalización no resulta eficaz entonces recurren abiertamente a la violencia física para intimidar, desarticular y silenciar a estos movimientos, en muchos casos con total impunidad.

La criminalización de activistas que se oponen a las actividades mineras, las megarepresas, los monocultivos y otros megaproyectos extractivos en Guatemala ha sido un problema significativo, caracterizado por acusaciones penales, hostigamiento y, de modo creciente, la violencia y el asesinato. Estos casos reflejan un patrón de represión y violencia contra quienes defienden los derechos territoriales, ambientales y comunitarios y que demandan no solo el reconocimiento de sus agravios, sino que sobre todo transformaciones profundas y significativas que eliminen las raíces de dichos agravios. Es más, por cuanto que mucho de esto está directa y explícitamente dirigido contra representantes de los Pueblos Originarios, también estamos hablando de un patrón de represión y violencia claramente vinculado a las estructuras y procesos coloniales del racismo que en muchos sentidos siguen definiendo las relaciones de poder en Guatemala.

El asesinato en 2020 de Domingo Choc Che, guía espiritual Maya-Kek’chi, sabio y defensor de la madre tierra, es ilustrativo de todo esto y mucho más. Como lo pone la organización canadiense Todos por Guatemala y muchos grupos de solidaridad internacional con Guatemala:

“Este hecho criminal no es aislado y forma parte del racismo sistémico enquistado en las estructuras del sistema guatemalteco por cientos de años, desde los tiempos de la colonización española, el cual se ha ensañado en contra de los pueblos originarios, satanizando todas las manifestaciones de nuestra cultura e identidad. Este racismo ha permeado la sociedad guatemalteca, en todos los niveles socioeconómicos como resultado de las políticas racistas y discriminadoras  que ha impulsado el Estado guatemalteco a través de los diferentes gobiernos de turno, vinculados a los sectores empresariales organizados en el CACIF, las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, como la policía nacional y el ejército, los medios de comunicación controlados por esos mismos sectores relacionados al CACIF, y la acción de ciertas denominaciones religiosas en sus Iglesias.”

Todos estos casos ilustran el patrón de criminalización, represión y violencia contra quienes defienden los derechos territoriales, el medio ambiente, las comunidades y diferentes cosmovisiones y epistemologías frente a los intereses extractivistas, reaccionarios y restauradores que han mantenido su hegemonía dentro del Estado guatemalteco desde la llamada “transición democrática” en 1985 y que hoy, en respuesta a los levantamientos ciudadanos que han ocurrido entre 2015 y 2023 y con el instrumento contundente de impunidad que representa Consuelo Porras a la cabeza del Ministerio Público, buscan consolidar un proceso de restauración total de la corrupción y la impunidad en al país.

La criminalización y el acoso judicial son herramientas que están siendo utilizadas para silenciar la oposición política, pero la oposición política, sobre todo urbana y mestiza, no debe creer que la guerra jurídica empezó en 2018. La guerra jurídica como control, disciplina y represión de grupos subalternos es algo más extenso y profundo de lo que hasta hoy ha sido desplegado contra operadores/as de justicia o periodistas cubriendo la corrupción y la impunidad. Cuando los métodos legales de la guerra jurídica fallan, como ha ocurrido frecuentemente en torno a la resistencia comunitaria, entonces la guerra jurídica y la “eliminación cívica” de la oposición se vuelve más violenta y físicamente letal. Este es un patrón de comportamiento político profundamente enraizado por el colonialismo, el extractivismo y el cacifismo criollo en Guatemala.