Defensores/as de derechos humanos, ambientalistas y lĆderes comunitarios tambiĆ©n han sido blanco de una guerra jurĆdica de larga duración y que ha sido parte de un patrón de criminalización que precede a la llegada de Consuelo Porras al Ministerio PĆŗblico, pero que se ha agravado desde su llegada a dicha institución. Denuncias penales infundadas yā¦
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