La prolongada tolerancia a la ineptitud de los funcionarios públicos ha precipitado una situación de profunda desgracia, este fenómeno es notable en el Congreso de la República de Guatemala, donde la incompetencia de los diputados y diputadas es una característica destacada. La crisis profunda en la que nos encontramos no es una coincidencia, sino el producto de la pésima administración de grupos que se aferran al poder estatal para consolidar el subdesarrollo.

Los acontecimientos de la semana pasada exigen un cuestionamiento riguroso, el show político impulsado por el señor Sergio Guillermo Enríquez Garzaro evidencia, sin lugar a dudas, la profunda disfunción del Congreso de la República. Resulta inconcebible que los supuestos “representantes del pueblo” demuestren tal desconocimiento de los idiomas y la vasta cultura que habita en este maravilloso país llamado Guatemala. Es infortunado que individuos con tales características ocupen posiciones de gran relevancia, exhibiendo de manera tan flagrante su racismo y discriminación. Además la actitud prepotente y arrogante de la señora Lourdes Teresita De León Torres subraya la imperiosa necesidad de contar con legisladores que posean conocimiento de al menos un idioma de los tantos que poseen nuestros pueblos originarios. Más allá de un simple cumplimiento, esto permitiría una representación auténtica del pueblo al que tanto aluden.

Las presuntas “fiscalizaciones” son un mero circo para proyectar una imagen de funcionarios preocupados y diligentes, aunque para lograrlo humillen y busquen dejar en ridículo a otros empleados públicos. El Congreso en particular, es el que debe mostrar resultados concretos, han sido los diputados y diputadas quienes, a través de sus partidos políticos, amigos y familiares, han detentado el poder por muchos años. En consecuencia, carecen de autoridad moral para hablar de democracia, Estado de Derecho y desarrollo, ya que por años  han engañado y despojado al pueblo de Guatemala. Sin dejar de lado el aumento salarial que se auto recetaron de forma descarada.

Cabe resaltar que las preguntas y los resultados solicitados a Bertha Zapeta, Viceministra del Ministerio de Desarrollo son a mi juicio, pertinentes. Sin embargo, la manera excesivamente abusiva de exigirle respuestas es inaceptable. Especialmente paradójico que se le pidiera hablar “en español” justo después de que el señor Enríquez solicitara una respuesta al pueblo, a lo que ella atinadamente contestó en K’iche’, un idioma maya hablado por una parte significativa de la población guatemalteca.

Los diputados, a diferencia de otros empleados públicos, se caracterizan por tener un poder que no saben utilizar. Han desarrollado la errónea idea de ser superiores, cuando en realidad su papel exige representar y respetar por igual. Si aplicáramos una verdadera evaluación de resultados a los autoproclamados honestos y trabajadores diputados, su ineptitud,  desconocimiento, nula empatía social y la falta de respeto hacia el pueblo guatemalteco, los obligarían a renunciar a sus cargos sin demora.

Adicionalmente, es pertinente señalar la mala gestión del erario público por parte de la administración en turno. La ausencia de resultados es digna de mención, si bien la exigencia debe ir acompañada de respeto, la notoria falta de valores se manifiesta cuando los diputados exigen resultados, siendo ellos mismos los que menos resultados proporcionan a la ciudadanía, subrayando que muy pocas veces las fiscalizaciones tienen seguimiento o se obtienen resultados tangibles.

Necesitamos urgentemente representantes honorables, éticos, responsables, respetuosos y genuinamente comprometidos con el servicio público. Su prioridad no debe ser vender imagen o buscar su reelección, sino la de generar verdaderos cambios. Impulsar el desarrollo y crear oportunidades para la ciudadanía. ¡Es suficiente de espectáculos, el circo político debe terminar!, es momento de forjar un proyecto de nación inclusivo que beneficie a todos.