«Trazar la ruta para el desarrollo y resolver problemas básicos», esta es la famosa consigna de expectativa que venimos escuchando a partir segunda vuelta electoral. Algunos le llamamos también barra mínima que se espera del nuevo gobierno, o ya no tan nuevo. Sin embargo, al observar la situación actual, queda claro que este objetivo sigue siendo una meta lejana ante un contexto retador para retomar y limpiar las instituciones, especialmente del Ejecutivo. Si bien, la política general del gobierno marcó una mirada fuerte hacia ofrecer servicios públicos que promuevan la dignidad humana, se ha ignorado una agenda con visión de desarrollo económico vinculándola esta agenda social. Se trata también de retar modelos existentes de inversión extranjera y de preparar a profesionales para un empleo digno con capacidades más especializadas.

Para construir un país capaz de atraer inversión extranjera directa que cambie las condiciones de una mayoría empobrecida, es esencial una política de desarrollo económico que esté conectada con una política de desarrollo social. Las capacidades instaladas necesarias incluyen una fuerza laboral educada y saludable, y un entorno político y económico estable. Las condiciones mínimas de vida, como el acceso a servicios de salud, educación y seguridad son indispensables para que las personas puedan participar en el trabajo formal. Sin estas condiciones, cualquier esfuerzo por atraer inversión será insuficiente, ya que una fuerza laboral desprotegida y con bajos niveles de capacitación no será atractiva para nuevas inversiones.  Este ciclo no transformará a un sistema productivo con cadenas de valor cortas y desconectadas, dependientes de sectores económicos poco sofisticados y de bajo valor agregado. ¿Qué pasaría si además de generar incentivos económicos para la atracción de inversión se les pidiera a las empresas un compromiso más fuerte y vinculante hacia el desarrollo de sus territorios? Es vital que las políticas públicas se enfoquen en crear y fortalecer estas cadenas de valor, promoviendo industrias que generen empleo de calidad y producción más especializada.

¿Cómo se vería la realidad de los territorios fuera de la capital con un desarrollo industrial que genere empleos formales? No es para decir que los programas de apoyo al emprendimiento rural sean inefectivos, pero no es suficiente para la creciente población joven sin opciones de empleo fuera de la producción agrícola, orillados a migrar al Norte.

La situación se agrava cuando la élite económica dicta con libertad la agenda económica sin un liderazgo público que equilibre los intereses privados con el interés colectivo. Este escenario deja a gran parte de la población en un nivel de desprotección económica y social, incluidas las pequeñas empresas, lo que les hace susceptibles a cualquier populista con promesas vacías. No hay programa social que pueda atender a corto plazo un eterno estado de emergencia, especialmente con la mitad de la población en situación de pobreza. Para que Guatemala pueda seguir la ruta del desarrollo y solucionar problemas básicos, es imprescindible un puente entre la política de desarrollo económico integrada con el desarrollo social. Se necesita una institucionalidad sólida que busque fomentar las condiciones de seguridad social y generación de capacidades con educación y formación de la mano de estrategias de inversión e industrialización, no son esfuerzos aislados. Sin estos cambios, cualquier promesa de desarrollo seguirá siendo una aspiración inalcanzable, dejando a la población vulnerable y perpetuando un ciclo de pobreza.