Después que la ex ministra de comunicaciones diera a conocer la existencia de contrataciones de personal de esa cartera para fines sexuales durante la administración anterior, la sociedad empieza a conocer la profundidad de la degradación y descomposición de las instituciones públicas después de estar sometidas a una orgía de corrupción que alcanzó su clímax durante las administraciones Morales/Giammattei.

Aunque es sabido que la sextorsión es un fenómeno bastante extendido en nuestra sociedad, haber sido reconocido por una alta autoridad de gobierno da paso a aumentar el lente sobre esta práctica con el fin de buscar opciones para erradicar esta práctica de corrupción poco visibilizada en el país.
La sextorsión ocurre cuando funcionarios aprovechándose de los cargos públicos que ostentan, condicionan a personas que buscan acceder a un puesto de trabajo o algún servicio público, otorgándolos a cambio de favores sexuales.

La sextorsión es un acto que conjuga corrupción y abuso sexual por lo que su tratamiento punitivo está entre los marcos jurídicos de lucha contra la corrupción y la violencia de género.

Ya hay debate y estudio sobre el fenómeno a nivel internacional y cada país debe buscar la forma de afrontarlo penalmente para frenar su ocurrencia que como vemos en el caso del Micivi, no solo es real sino está adquiriendo proporciones cínicas debido a la invisibilización del mismo en el debate nacional.
Desde Acción Ciudadana se han producido algunos documentos de aporte para el debate y esta semana se estará presentando una propuesta de iniciativa de ley para que cualquier institución o diputado con iniciativa de ley, pueda hacerla suya y presentarla formalmente para su trámite legislativo.

La propuesta de iniciativa busca que se adhiera al código penal la figura de “cohecho con fines de aprovechamiento sexual” en el artículo 439 bis, donde se tipifican los delitos de corrupción con alcance pecuniario exclusivamente.

Los Congresos o Parlamentos justifican su existencia cuando un problema surgido en el seno de la sociedad, es llevado a debate y discusión para su mejor tratamiento y atención. Dejar pasar esta discusión después del escándalo ocurrido en la cartera del Micivi, solo confirmaría lo alejado que está el Congreso en la atención de los problemas nacionales.