La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) envió a los alcaldes una nota explicando que el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero Institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo, puede generar inconstitucionalidades al ejecutar proyectos usando esta nueva normativa.
Acción Ciudadana (AC) y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) solicitaron al presidente Bernardo Arévalo vetar el Decreto 7-2025, aprobado recientemente por el Congreso, al considerar que la normativa representa un retroceso en materia de transparencia y en la lucha contra la corrupción.
Santiago Palomo, titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, informó que el equipo de trabajo del presidente Bernardo Arévalo se encuentra analizando si se veta o no el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Diversos sectores se han pronunciado contra el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que arrastra la ejecución de recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y que fue aprobado de urgencia nacional por el Congreso de la República, por lo que pidieron al presidente Bernardo Arévalo ejercer su facultad de veto.
