Un proceso opaco, señalamientos por corrupción hacia los aspirantes y baja participación de mujeres caracterizan la nómina final a magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La Procuraduría General de la Nación (PGN) es la primera institución estatal que acciona por posibles adopciones irregulares ocurridas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, denunciadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la sesión plenaria de este 17 de febrero, fue juramentada la magistrada que fue electa para presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Organismo Judicial y también de la Comisión de Postulación para elegir candidatos al Ministerio Público (MP).
La Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió la nómina final de 20 aspirantes. Ahora, los diputados del Congreso de la República elegirán a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el periodo 2026-2031. En el listado figuran varios personajes vinculados al caso Comisiones Paralelas.
Luego de la crisis por la aprobación de salarios de Q75 mil mensuales, el Superintendente de Competencia, Jorge Castillo, incorporó discrecionalmente al área administrativa de la institución a exfuncionarios de gobiernos anteriores, sin que mediaran procesos públicos de selección.
Los designados por la universidad pública han sido señalados de vínculos con el actual rector y con partidos políticos.
En el primer día de recepción de papelerías, la Secretaría General de la Presidencia recibió a cuatro personas que buscan una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Comisión de Postulación comenzó este 16 de febrero el periodo de recepción de papelería para los aspirantes a fiscal general del Ministerio Público (MP), para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras.
Expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron este lunes que recibieron información sobre la presunta implicación de María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), en procesos de adopciones ilegales que habrían ocurrido en Guatemala.
En medio de polémica por la legitimidad de varios de sus integrantes, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) eligió a Julia Marisol Rivera Aguila y José Luis Aguirre Pumay. Ellos serán los magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
