Juárez Aldana señala en su amparo que la experiencia fiscal y de defensoría pública es incompatible con la abogacía, por lo que asegura que no se les debe sumar puntos en su experiencia profesional.
“La carrera fiscal del Ministerio Público y el desempeño del cargo de abogado defensor público de planta del Instituto de la Defensa Pública Penal, no sustituye ni complementa automáticamente la acreditación de experiencia en el ámbito propio del ejercicio profesional de la abogacía, sin que por ello se desconozca la naturaleza jurídica propia de cada una de esas funciones ni la condición profesional de quienes la ejercen”, señala en el amparo.
Además, menciona que la carrera fiscal y el ejercicio como abogado defensor público responden a una función institucional a tiempo completo en donde han sido nombrados para actuar como abogados únicamente para la dependencia en la que presten sus servicios y no en el ámbito propio de la profesión de abogado.
En ese sentido, busca que se deje sin efecto la segunda nómina, la cual ya fue recibida por el presidente Bernardo Arévalo, quien anunció que desde este martes iniciarán las entrevistas privadas a los aspirantes a fiscal general.
Juárez Aldana fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del Congreso de la República, pero no resultó electo.
En su cuenta de X, el abogado constitucionalidad, Edgar Ortiz, aseguró que dico amparo se presentó de forma extemporánea y que por lo tanto esta nueva acción legal “nació muerta”.
“La tabla de gradación la aprobó la Comisión de Postulación el 11 de febrero. Ya pasaron más de 30 días para interponer amparo. El amparo que ordenó repetir la nómina al menos sí se interpuso en tiempo”, dijo. Este amparo fue interpuesto el 25 de abril.
La semana pasada, la CC anuló la primera nómina elaborada por la Comisión de Postulación, debido a que se les fueron otorgados puntos a algunos postulantes que acreditaron experiencia laboral como jueces, lo que a criterio de la mayoría de los magistrados no tuvo que ocurrir.
