Según la disposición del presidente Bernardo Arévalo, la dinámica tiene el fin de prevenir acciones que podrían generar una “perturbación grave de la paz” y actividades contra la seguridad de los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, ambos en el departamento de Sololá.
Según las autoridades, existe la presencia de grupos armados que se han atacado entre ellos mismos, a los comunitarios y a las fuerzas de seguridad. El evento más reciente ocurrió el pasado 11 de diciembre, situación que dejó por lo menos a seis personas fallecidas, según el Ministerio de Gobernación. Los alcaldes de los municipios aseguran que fueron 13 víctimas.
Con el Estado de Prevención, el presidente ordenó las siguientes restricciones:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo.
- Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin debida autorización. Si, a pesar de estar autorizadas, en las reuniones se portan armas u otros objetos de violencia, se procederá a retirarlas.
- Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o de servicios públicos.
- Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos que pueden ser utilizados para ejercer violencia.
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas. Impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro.
El Decreto también determina que las autoridades superiores de cada entidad pública que participa en el Estado de Prevención deberán informar y preferentemente coordinar con las municipalidades sobre las acciones a desarrollar. Además, se le rendirán informes al presidente Arévalo sobre las acciones realizadas en el estado de excepción en un plazo de tres días después de su vencimiento.
