Según la institución del PDH, lo anterior se decidió luego de una investigación realizada por los hechos ocurridos en Nebaj, que causaron indignación tras el desalojo de Juana Santiago Chel, de 72 años, de su vivienda, esto a causa de un litigio civil con uno de sus hijos.

“El PDH resolvió declarar violadores de los derechos humanos al Oficial Tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al Comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71 de la PNC, por haber vulnerado los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Juana Santiago Chel, así como de los ocupantes del inmueble objeto de la diligencia de lanzamiento y de pobladores del caserío Xecoxo, aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché”, indicó la institución. 

Se recomendó al director general de la PNC deducir responsabilidades por lo ocurrido e iniciar procesos administrativos y disciplinarios contra estas personas que han sido declaradas como violadoras de los derechos humanos. En ese sentido, también se pidió que se aplique el protocolo de actuación policial de desalojos para garantizar la protección integral de las personas. 

También recomendaron al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, girar instrucción para implementar medidas efectivas para que este tipo de hecho no vuelva a ocurrir. 

No obstante, Gobernación cuestionó que de declaré como violador de los derechos humanos a personal de la PNC, a pesar de que durante la diligencia hubo presencia de un delegado de la institución del PDH, asegurando que esta situación debe ser parte explícita del análisis de lo ocurrido. 

Acciones contra la jueza 

La resolución de la institución del PDH también recomienda algunas acciones en contra de la jueza Ada Madaí López Morales, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, quien autorizó el desalojo Santiago Chel el 30 de julio. 

“Se remite copia de la resolución al Consejo de la Carrera Judicial y a los órganos disciplinarios del Organismo Judicial (OJ), para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen si la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil del municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché, incurrió en alguna falta en el ejercicio de su función”, indicó. 

Durante los incidentes derivados del desalojo, pobladores quemaron la vivienda de la jueza, quien logró resguardarse. El OJ expresó su respaldo a la jueza y aseguraron que se le dio acompañamiento. 

Además, el OJ señaló que toda acción que pretenda amenazar, intimidar o coaccionar a la jueza, representa una afectación a su independencia judicial. 

La institución del PDH informó también que se ha compartido una copia de la resolución a la Fiscalía Municipal del Ministerio Público en Nebaj para que se incorpore a la investigación penal que el ente investigador ha abierto por estos hechos.