Los dos periodos en los que Porras estuvo al frente del Ministerio Público, enfrentó cuestionamientos nacionales e internacionales debido al rumbo de los casos anticorrupción impulsados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). 

En esos ocho años, varios personajes de alto perfil obtuvieron resoluciones favorables que cerraron casos de corrupción en su contra; o bien obtuvieron otro tipo de beneficios, como arresto domiciliario. 

Alejandro Sinibaldi

Exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina y una de las figuras más señaladas en los casos de corrupción investigados por la CICIG. Fue acusado en expedientes como Odebrecht, Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado, Transurbano y La Coperacha, donde el MP y la CICIG sostenían que participó en estructuras de sobornos, financiamiento electoral ilícito y adjudicación irregular de contratos públicos.  

Tras permanecer prófugo entre 2016 y 2020, comenzó a obtener resoluciones favorables. Entre 2022 y 2024 logró sobreseimientos, falta de mérito y anulaciones de pruebas clave, incluyendo convenios de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. En abril de 2024, fue cerrado el caso Construcción y Corrupción a su favor.  

Por ejemplo, en 2023 el Juzgado de Mayor Riesgo “D” cerró la investigación contra Sinibaldi, pero esta resolución fue apelada por el MP y la Corte de Constitucionalidad (CC) reactivó el caso en 2025. 

Manuel Baldizón

Excandidato presidencial del partido Líder y uno de los políticos más influyentes de la década pasada. Fue acusado en los casos Odebrecht y Transurbano, así como por financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero. Investigaciones señalaron presuntos sobornos vinculados a contratos de infraestructura y uso irregular de recursos para campañas políticas.  

En 2022 recuperó su libertad luego de regresar deportado desde Estados Unidos, donde estuvo preso por lavado de dinero. Posteriormente, obtuvo medidas favorables en Guatemala y algunos procesos en su contra fueron debilitados o modificados.  

En 2025, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó una apelación interpuesta contra el fallo de la jueza Abelina Cruz Toscano que absolvió a Baldizón en el caso Odebrecht.

Además, en 2024 el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictó un sobreseimiento a favor de Baldizón en el caso Transurbano, donde era señalado por financiamiento electoral ilícito.

Otto Pérez Molina

El expresidente fue uno de los principales rostros de la crisis política de 2015 que provocó protestas masivas y su renuncia. Fue acusado de liderar estructuras de defraudación aduanera en el caso La Línea, además de participar en esquemas de corrupción y financiamiento ilícito en Cooptación del Estado.  

Durante la gestión de Porras, obtuvo medidas sustitutivas y beneficios judiciales que le permitieron salir de prisión preventiva en distintos momentos. Los procesos en su contra han avanzado lentamente y varios expedientes permanecen sin sentencia firme.  

Además, en 2025 fue beneficiado con un fallo del Juzgado de Extinción de Dominio que ordenó la devolución de Q4 millones de cuentas bancarias que le habían sido embargadas.

También la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio ordenó la devolución de la finca “Los Aguacates” a la empresa Vistas Servicios Electrónicos, S. A., que habría sido adquirida con fondos ilícitos, según las investigaciones del MP, y que estaba vinculada a Pérez Molina. 

Roxana Baldetti

Exvicepresidenta y figura clave del Partido Patriota. Fue acusada junto a Pérez Molina de integrar estructuras de corrupción vinculadas a La Línea, Cooptación del Estado y otros casos relacionados con sobornos y saqueo de fondos públicos.  

Aunque mantiene condenas en algunos procesos, entre 2022 y 2024 recibió beneficios judiciales y permisos médicos que le permitieron abandonar temporalmente la prisión. Parte de los casos relacionados con corrupción también fueron debilitados en tribunales.  

Gustavo Alejos

Empresario y exfuncionario señalado por tráfico de influencias y corrupción. Fue investigado en casos relacionados con negociaciones ilegales dentro del sistema de justicia y vínculos con redes políticas que buscaban influir en la elección de magistrados.  

En 2021 y 2022 consiguió arresto domiciliario y otras medidas favorables pese a las investigaciones abiertas en su contra. Su nombre apareció además en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.  

José Manuel Morales y Samuel Morales

Ambos familiares del expresidente Jimmy Morales fueron acusados en el caso Botín Registro de la Propiedad. La fiscalía sostenía que participaron en anomalías vinculadas a eventos y contrataciones fraudulentas realizadas con fondos públicos.  

En 2023 fueron absueltos por tribunales guatemaltecos, una resolución considerada por sectores críticos como otro revés para los casos impulsados originalmente por la CICIG y la FECI.  

José Luis Benito

Exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales. Fue señalado por presuntos actos de corrupción vinculados a adjudicaciones anómalas dentro de la cartera de Comunicaciones. Su caso más conocido surgió tras el hallazgo de Q122 millones ocultos en maletas dentro de una residencia en Antigua Guatemala, dinero que la fiscalía consideró vinculado a lavado de dinero y sobornos relacionados con contratos públicos.

En noviembre de 2024, el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, condenó a Benito a nueve años de prisión por el delito de fraude, pero esta quedó reducida a cuatro años y seis meses al haber aceptado cargos. La sentencia se redujo más, quedando en dos años y 27 días, por el tiempo que el exministro había pasado en prisión. 

Posteriormente, en diciembre de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” condenó a Benito a una pena de cinco años de prisión, pero al aceptar cargos, se redujo a dos años y seis meses por el delito de fraude, conmutables a razón de Q20 diarios. 

Melvin Quijivix

Exdirector del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y cercano al círculo del expresidente Alejandro Giammattei. Fue incluido en 2023 en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo señaló de utilizar su cargo para favorecer irregularmente a empresas vinculadas a él y dirigir contratos públicos de manera indebida.  

Las investigaciones y denuncias posteriores del gobierno de Bernardo Arévalo apuntan a que durante su gestión en el INDE se adjudicaron cientos de millones de quetzales en contratos bajo sospecha de anomalías, incluyendo pagos anticipados sin avances físicos en obras y presuntas plazas fantasma dentro de Segeplan. El caso fue denominado “Red Q”.  

Quijivix se sometió en marzo de 2026 al procedimiento de aceptación de cargo, luego de tener una orden de captura vigente por no asistir a las audiencias, la cual nunca se ejecutó. Todo eso ocurrió luego de ser beneficiado con medidas sustitutivas. 

La exfiscal Porras fue cuestionada por no dar seguimiento a casos que involucran a exfuncionarios como Alejandro Giammattei. La prensa reveló casos de corrupción como la compra de las vacunas Sputnik V, por las cuales pagaron más de Q614 millones. 

Mientras que durante su administración sí atendieron las denuncias y casos contra el actual presidente, Bernardo Arévalo.