Zapeta ejercía el periodismo en los municipios de San Pablo Jocopilas y Santo Tomás La Unión. Ante este hecho, la Junta Directiva de la APG exigió a las autoridades del país, en particular al Ministerio de Gobernación, una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer el crimen y evitar que quede en la impunidad.

La APG también manifestó su solidaridad con la familia del periodista y con el gremio periodístico del suroccidente del país.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, Zapeta se encontraba desaparecido desde el pasado domingo y días antes había recibido amenazas. 

Con varios años de trayectoria en el ejercicio periodístico, conducía un programa televisivo en la región denominado “Libertad de Expresión”, el cual se había consolidado como un espacio de referencia para la comunidad.

La Asociación recordó que este hecho se suma a otros crímenes contra comunicadores. Un ejemplo es el asesinato de Ismael Alonzo González, miembro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Suroccidente (APSCO) y de la APG, ocurrido en marzo de este año en la aldea Santa Fe, municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

El asesinato de Zapeta ocurre a pocas semanas de haberse dado a conocer el lanzamiento de la Política de Protección de Defensores de Derechos Humanos, que contempla la implementación de un mecanismo específico para la protección de periodistas.

En ese contexto, la APG y más organizaciones esperan que, a inicios de 2026, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADE) y el Ministerio de Gobernación realicen la convocatoria correspondiente para poner en marcha dicho mecanismo.