La organización pidió extender las medidas restrictivas, como congelación de activos y prohibiciones de viaje, a los más altos funcionarios que han impulsado acciones para socavar la democracia y el Estado de derecho.

HRW reconoció los esfuerzos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en defensa de la democracia en Guatemala.

En ese sentido, HRW publicó una lista de propuesta para ampliar las sanciones contra los siguientes funcionarios:

• Felipe Alejos Lorenzana, diputado vinculado a casos de corrupción e investigado por facilitar sobornos a cambio de influir en nombramientos judiciales.
• Álvaro Arzú Escobar, diputado que apoyó procesos para anular los resultados electorales de 2023 y votó a favor de retirar la inmunidad a magistrados electorales.
• Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal regional designado como sucesor de Porras, quien ha respaldado procesos penales sin fundamentos.
• Luis Mauricio Corado Campos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), investigado por tráfico de influencias y señalado por intentar remover jueces incómodos.
• Carol Patricia Flores Polanco, jueza que ha autorizado procesamientos considerados abusivos, incluida la detención de Pacheco y Chaclán.
• Víctor Manuel Cruz Rivera, juez penal que ha avalado procesos contra estudiantes y fiscales anticorrupción. Fue incluido en listas de actores corruptos por EE. UU.
• Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez que ha procesado a periodistas y exfuncionarios de la CICIG, también sancionado por EE. UU.

Además, han advertido que las persecuciones judiciales por motivos políticos se han intensificado bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras.

Como ejemplo, mencionan la detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, acusados de terrorismo y obstrucción de justicia por su participación en protestas pacíficas durante las elecciones generales de 2023. Actualmente, Pacheco ocupa el cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según HRW, la fiscalía ha presentado cargos sin pruebas claras y ha emitido órdenes de captura contra otros seis miembros de la organización indígena. La jueza Carol Patricia Flores ordenó la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán el 25 de abril.

Señalan al MP 

HRW señaló que estos casos forman parte de una estrategia más amplia del Ministerio Público (MP) para perseguir políticamente a funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo y a personas que apoyaron la transición democrática.

La organización indicó que el MP ha abierto al menos 17 investigaciones contra altos funcionarios y ha solicitado en 11 ocasiones retirar la inmunidad al presidente Arévalo para investigarlo penalmente.

Además, alertó sobre la persecución de periodistas, jueces y fiscales independientes. Entre los casos citó las detenciones de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, y del fiscal anticorrupción Stuardo Campo. 

HRW también solicitó a la UE reforzar el monitoreo de la situación de derechos humanos en Guatemala y pidió especial atención a las elecciones de autoridades clave en 2026, como el fiscal general, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General de Cuentas.

La organización instó a examinar la responsabilidad de otros actores, como magistrados, diputados y empresarios, por su posible complicidad en violaciones de derechos.

Finalmente, HRW recomendó a la UE aumentar el apoyo a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, recordar a las autoridades guatemaltecas los compromisos del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, y coordinarse con gobiernos de América Latina para condenar las acciones del MP.