Las denunciantes, ambas egresadas de la Usac, relataron que el viernes 30 de mayo un grupo de personas se presentó sin autorización en el Campus Central de la Usac. Estas personas se identificaron públicamente como estudiantes de las universidades privadas Rafael Landívar y del Valle de Guatemala, así como miembros de la organización Juventud CODECA.

Según relatan en su escrito, las personas involucradas se encontraban manifestando su descontento ante decisiones adoptadas por el CSU, pero incurrieron en lo que califican como acciones de choque y violencia. Entre los hechos señalados se menciona específicamente que se observaron daños al patrimonio cultural de la Usac, lo cual provocó «temor y descontento» entre la comunidad sancarlista. Las denunciantes afirman que estos sucesos evocan lo ocurrido en el año 2022, durante la irrupción y toma prolongada de las instalaciones universitarias.

Sugieren acciones legales y piden identificar a responsables externos

El dictamen jurídico fue firmado por Silvia Nohemí Rodríguez Tello, asesora jurídica, y Astrid Elizabeth García Castillo, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac. En él se respalda la denuncia desde una perspectiva legal e institucional y se recomienda al CSU actuar para resguardar la autonomía universitaria.

En su análisis, las abogadas advierten que los hechos descritos por las denunciantes podrían constituir delitos que deben ser investigados penalmente. En consecuencia, recomiendan al CSU solicitar al Consejo de Enseñanza Privada Superior que intervenga ante las universidades mencionadas.

Entre las recomendaciones más destacadas del dictamen también se plantea que el CSU puede solicitar directamente a los rectores de las universidades Rafael Landívar y del Valle de Guatemala que, en su calidad de representantes legales, verifiquen mediante los mecanismos correspondientes si las personas que participaron en los hechos violentos efectivamente pertenecen a dichas casas de estudios.

El dictamen cita el artículo 17 de la Ley de Universidades Privadas, que faculta a los rectores a actuar ante hechos que puedan menoscabar el prestigio académico de sus instituciones. Según las abogadas, la participación de personas externas en actos violentos dentro de la Usac “desvirtúa la formación académica” que dichas casas de estudios superiores dicen promover.

Además, se sugiere al CSU reforzar los controles de ingreso al campus y prevenir que personas ajenas a la Usac utilicen las instalaciones con fines políticos o de confrontación. También piden sancionar a cualquier trabajador universitario que haya facilitado el ingreso o participación de personas externas.

Adjuntan capturas de publicaciones en redes sociales

Entre los anexos que acompañan el dictamen, se incluyen capturas de pantalla de publicaciones en la red social X de medios de comunicación. También pronunciamientos de colectivos estudiantiles de la Universidad del Valle y la Rafael Landívar, quienes manifestaron públicamente su apoyo a los estudiantes expulsados por el CSU y su rechazo a las acciones de Walter Mazariegos. Aunque estas publicaciones son de carácter público y no implican directamente a los autores en hechos violentos, fueron incluidas como parte de la argumentación para evidenciar un supuesto respaldo al movimiento sancarlista.

También incluyen una fotografía de Marcela Blanco, excandidata a diputada del partido Movimiento Semilla y recién graduada de la Universidad Galileo. La imagen, tomada de su acto de graduación, fue colocada entre los documentos anexos sin explicación ni justificación alguna sobre su relación con los hechos del 30 de mayo. Blanco ha sido señalada en el caso Toma Usac: Botín Político, pero en el dictamen no se aporta evidencia que la vincule directamente con los sucesos recientes. 

La manifestación a la que hacen referencia las denunciantes fue convocada por organizaciones internas de la Usac como el Frente Universitario para el Rescate, el Sindicato de Trabajadores y la Asociación de Jubilados y Jubiladas, en solidaridad con los diez estudiantes sancarlistas expulsados un día antes por decisión del CSU.

Durante la jornada, las autoridades universitarias ordenaron el cierre preventivo de los portones del campus. Esta decisión generó reclamos de los manifestantes, quienes responsabilizaron a Walter Mazariegos. Uno de los grupos utilizó piedras para forzar la apertura del portón que da hacia el Anillo Periférico; minutos después, las propias autoridades ordenaron que abrieran el portón hacia la avenida Petapa, lo que permitió la salida del campus. Estos hechos fueron documentados por la prensa.