Durante una conferencia de prensa, el alcalde y los concejales señalaron que la empresa actuó con total desprecio por el contexto legal y social en la zona, al solicitar el uso de la fuerza pública para recuperar instalaciones que ocupan terrenos cuyo dominio aún está en litigio. “Estos hechos pudieron haberse evitado si los personeros de dicha entidad hubieran tenido voluntad de diálogo y negociación”, expresó el concejo municipal, que se declaró en reunión permanente tras los acontecimientos.

Según el pronunciamiento, la propiedad que la empresa dice tener derechos, identificada con el número 566, folio 40 del libro 6 del Grupo Norte, no ha tenido dueño continuo desde 2014. Además, desde 2017 hay un informe oficial que sugiere que el Estado reclame su propiedad. Este informe fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en 2018, sin que se haya actuado hasta la fecha. Además, la municipalidad asegura que las fincas utilizadas por Pasabien fueron sobretituladas de forma anómala mediante titulaciones supletorias.

El operativo del 29 de julio fue justificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como cumplimiento de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público (MP) para facilitar el ingreso de trabajadores de la empresa a la planta hidroeléctrica. La diligencia fue acompañada por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que reportó que más de 200 personas quedaron atrapadas en la comunidad tras el estallido de violencia, que también dejó vehículos incendiados y varios heridos.

En contraste, la empresa Pasabien S.A. acusó en un comunicado a los pobladores de ser parte de un “grupo criminal” que, según su versión, atacó a las fuerzas de seguridad con armas de alto calibre. La compañía pidió al Estado restablecer el orden y proteger la inversión privada, asegurando que su presencia en la zona es legítima y respaldada por resoluciones judiciales.

Exigen justicia

El concejo municipal de Río Hondo rechazó tajantemente este discurso criminalizante, señalando que se trata de un conflicto de tierras irresuelto por omisión del propio Estado. “Es un litigio civil que sigue pendiente. No se puede hablar de certeza jurídica mientras el Estado no reclame la finca como le fue recomendado”, recalcaron las autoridades locales.

La municipalidad exigió una investigación penal y civil completa que aclare lo ocurrido, deduzca responsabilidades y atienda de fondo el conflicto de propiedad. También expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad de Santa Rosalía Mármol.