Según el mandatario, existe una interpretación en la cual el presidente puede destituir a la fiscal general, de conformidad con lo establecido en la Constitución. 

Esa ruta legal sería viable debido a que la Carta Magna tiene supremacía sobre leyes de menor rango, como lo es la Ley Orgánica del MP, en torno a las reformas que se aprobaron en 2016 y que evitan que el presidente pueda destituir a la fiscal general. 

“Sin embargo, existen opiniones jurídicas que dicen que no, lo que obligaría a que una acción de ese tema tuviera que ser sometida a un dictamen de la Corte de Constitucionalidad y es a eso a lo que me estaba refiriendo”, afirmó. 

Para Arévalo, dicha ruta para destituir a Porras es clara, pero hay interpretaciones distintas, lo que hace que esta acción sea “inconveniente”. 

En mayo del año pasado, la CC otorgó un amparo a Porras en el que ordenó al presidente Arévalo abstenerse de ejecutar todo acto fuera del marco constitucional y legal que atente contra el mandato de la fiscal general. 

Además, en ese entonces también se ordenó evitar acciones que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica de la institución. 

No obstante, los constituyentes han enviado cartas al presidente Arévalo en el que le sugieren realizar un consulta popular en la que se pregunte a la población si está de acuerdo o no con la destitución de Porras. 

Así lo expresó la semana pasada Alfonso Cabrera, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1985.