En el panorama electoral, las promesas de vivienda accesible, segura y digna son recurrentes. Sin embargo, estas promesas suelen quedar en el olvido al igual que muchas otras. La realidad actual es que, para un guatemalteco que vive con el salario mínimo, es prácticamente imposible comprar un terreno o construir una casa propia. Esto los obliga a recurrir a préstamos hipotecarios o, en el peor de los casos, a alquilar una vivienda durante toda su vida. La situación es aún más preocupante para los jóvenes, quienes tienen pocas o nulas posibilidades de acceder a una vivienda propia.
Guatemala, un país marcado por la desigualdad, se ve reflejado en la cruda realidad de las familias que habitan bajo el puente El Naranjo en la zona 7. Más de 100 familias han hecho de este lugar su hogar, a pesar de haber sido catalogado como «área de alto riesgo» por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), donde sus vidas se encuentran en constante peligro. La pregunta que surge de inmediato es: ¿A dónde irán estas familias? La respuesta, es complicada ya que no tiene a donde ir, esto según informa la presidenta del COCODE. Esta situación genera profunda preocupación e impotencia, ya que evidencia la vulnerabilidad de nuestros vecinos ante la falta de vivienda digna y segura.
Nuestro país, al igual que muchos otros en Latinoamérica, parece haber perdido su sensibilidad social, priorizando intereses propios por encima del bienestar de la población. En esta era de supervivencia, donde el Estado parece ser el menos preocupado por proteger a sus ciudadanos, es imperativo actuar con prontitud para atender el riesgo inminente que corren las familias que viven bajo el puente El Naranjo. Las lluvias se aproximan, y la posibilidad de repetir la tragedia del pasado, donde se lamentaron pérdidas humanas, no debe ser una opción. Es inaceptable que la historia se repita por falta de acción y compromiso por parte de las autoridades.
Si bien es cierto que el Estado no puede solucionar todos los problemas del país, tiene la obligación ineludible de garantizar condiciones dignas para la subsistencia de su población. Durante años hemos normalizado la desigualdad social, la corrupción y el saqueo de las arcas del Estado por parte de una clase política que ha priorizado sus intereses personales por encima del bien común. Las inundaciones, el tráfico congestionado, la inseguridad y la falta de oportunidades para acceder a una vivienda digna son solo algunas de las consecuencias de haber elegido malos gobernantes. Sin embargo, es importante reconocer que la responsabilidad no recae únicamente sobre el Estado. La ciudadanía también ha jugado un papel importante en esta situación, al elegir a políticos corruptos y al permitir que la apatía y la falta de participación ciudadana se apoderen de nuestras comunidades.
La lección que nos deja la situación de los vecinos de la zona 7 es clara; por más instituciones estatales que existan, si no hay voluntad política para generar cambios reales, la situación no mejorará. Es momento de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con su deber de garantizar nuestro bienestar.
La suspensión del desalojo en el asentamiento «Dios es fiel» es una medida positiva que evita un desplazamiento forzoso de las familias que allí habitan sin tener un lugar a donde ir. Sin embargo, es preocupante que las partes afectadas no hayan sido convocadas a la mesa técnica donde se tomó la decisión del desalojo. Esta falta de participación evidencia la desconexión entre las autoridades y las comunidades, y la necesidad de procesos más inclusivos y transparentes.
Es urgente garantizar la vida, seguridad e integridad de las familias del asentamiento. No obstante, la reflexión debe ir más allá de esta situación puntual. Guatemala es un país que durante décadas ha abandonado a las comunidades rurales, negándoles acceso a servicios básicos como la luz eléctrica. Es necesario que las autoridades tomen en cuenta las necesidades de estas comunidades y trabajen en conjunto con ellas para encontrar soluciones duraderas.
Las lluvias han comenzado a azotar Guatemala, y con ellas, la urgencia de actuar para proteger a las comunidades más vulnerables. Nuestros vecinos del asentamiento Dios es Fiel, al igual que miles de familias que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza en todo el país, se encuentran en una situación crítica que requiere atención inmediata. No podemos olvidar que nuestros vecinos son ciudadanos guatemaltecos, con los mismos derechos y necesidades que el resto de la población.
Es momento de poner sobre la mesa la importancia del acceso a una vivienda digna y segura para todos los ciudadanos. No se trata de un regalo del Estado, sino de un derecho fundamental que debe ser garantizado a través de políticas públicas que faciliten los procesos para obtener un hogar. La situación actual, donde miles de familias guatemaltecas viven en condiciones precarias o hacinadas, es inaceptable. Es urgente abordar este problema de manera integral, no solo como una medida de emergencia para evitar tragedias, sino como una inversión en el futuro del país.
En este contexto, es importante destacar el papel de las fuerzas de seguridad. Su función no es reprimir a la población, sino protegerla y garantizar su seguridad. Es un alivio saber que no nos encontramos ante un gobierno fascista como hemos vivido en épocas pasadas, sino ante uno que está haciendo esfuerzos por construir un mejor país para todos.
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