Si algo están teniendo los desenlaces de los juicios locales en contra de Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón es el de la presencia de un camino que intenta conducir  a la  perpetuación de la impunidad y corruptelas que mantienen en jaque a la esfera de lo estatal y lo público en Guatemala, y el predominio de una esfera privada cargada de privilegios y avaricia. Y eso de ninguna manera se soluciona con pasar una discutible Ley de Infraestructura Vial diz que renovadora.

Sinibaldi y Baldizón encierran en su actuar mucho de los entuertos de la Cooptación del Estado, de la relación malévola entre Construcción y Corrupción y de la presencia nociva de Oderbecht en Guatemala que, lamentablemente, involucra al Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, que está obligado a efectuar una verdadera reconversión del diseño de sus proyectos de financiamiento en la región. Esperemos que la esté haciendo porque del BCIE sí que no se oye nada por estos lares.

Además de rememorarnos también el nefasto Transurbano, el caso Sinibaldi, principalmente, nos recuerda  las razones del declive de bancos de fomento como lo son Banrural y Bantrab, especialmente este último en el que se mencionan en este artículo varios pormenores de las estructuras corruptas del financiamiento de campañas electorales en Guatemala.

Las investigaciones de la FECI durante la época de transparencia a cargo de Thelma Aldana e Iván Velásquez implicaron a Alejandro Sinibaldi y a Manuel Baldizón en diversos casos vinculados con recibir pagos bajo la mesa debido a sus altos cargo en el tinglado político. Simplemente a las compañías constructoras les convenía mantener su situación de privilegio dentro del entramado de contratatos jugosos de inversión pública.

Lo acontecido tiene varias aristas: la primera es la económica y la necesidad  de regular, competitivamente y con transparencia la rentabilidad empresarial y limitar privilegios empresariales; la segunda es la fragilidad del sistema político-electoral. La resolución de la jueza actual del proceso de Baldizón, de liberarlo y favorecerlo simplemente porque Baldizón «no era funcionario público», representa uno de los sesgos más graves de la historia judicial vinculada íntimamente a la crisis de la infraestructura pública del país.

El caso más sonado y que implica a tales  políticos es el de la constructora Oderbecht. Y como lo dicen las notas de prensa, ambos están hartamente implicados; sin embargo sus derroteros judiciales siguieron caminos y corrientes distintas, pero al final llegaron a un mismo cauce, con la jueza Abelina Cruz Toscano.

En el caso de Sinibaldi, ya el entonces juez de Mayor riesgo D Juan José Jimenez había dictado el denominado «sobreseimiento» del proceso al considerar que no habían suficientes elementos para enfrentar juicio. Sin embargo, el Ministerio Público siguió presentando apelaciones, pero es evidente que la capacidad investigativa de la entidad ha ido desembocando en un foco de opacidad, mediocridad y sesgo en todo el sistema judicial actual. Desde los simples jueces hasta la Corte de Constitucionalidad. Esto último se observa también con la permanencia de Suárez y Mondal en las máximas sillas del Banco de los Trabajadores, a pesar de no cumplir con mínimas exigencias del actual entorno regulatorio monetario-financiero.

En lo que respecta a Baldizón, ha venido desvirtuando en cada momento las acusaciones, apelando a su inocencia y pulcritud y denigrando a las anteriores autoridades de FECI y Ministerio Público.

Incluso la crisis del actual Banco de los Trabajadores viene de casos como el denominado «BANTRAB-ARCA», en donde la FECI cuando fue dirigida por Juan Francisco Sandoval, dio a conocer en octubre de 2019 un desfalco por más de Q26 millones en dicho banco, una parte del mismo utilizado para pagar la campaña política del Partido Patriota, durante el proceso electoral del 2011. El dinero fue trasladado a la empresa Estrategias e Inversiones Arca, S.A. y además se creó la compañía Avanzando al Progreso, S.A. con la que se recaudaron fondos que no fueron reportados al proceso electoral.