La situación política en Guatemala se encuentra en un estado de alta tensión y conflicto, caracterizada por un enfrentamiento entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León y diversas fuerzas opositoras. En este comentario señalamos cómo se configuran los elementos de restauración total, guerra jurídica y parlamentarismo negro como formas antagónicas de política ultraderechista, y la posibilidad que tienen de implementar una “vía peruana” de cambio de régimen en el contexto guatemalteco actual.

La idea de restauración total en Guatemala puede entenderse como un esfuerzo de ciertos sectores por reinstaurar un orden político y social pre-85 que preserve sus intereses y privilegios tradicionales y las nuevas modalidades perversas de acumulación de riqueza y de poder. Este concepto nos sirve para revelar la influencia y control que ejercen los grupos del poder económico y político sobre las instituciones del Estado, en particular el Sistema político, judicial y constitucional. Fue como resultado de las revelaciones que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2015 que la cooptación total del Estado de Guatemala por parte de grupos de poder político y económico quedó totalmente al desnudo. El estallido social de 2015 hizo tambalear el dominio tradicional de los grupos de poder y puso en tela de juicio no solo sus formas perversas de acumulación de poder y capital, sino también todo su modelo de hegemonía. Fue contra esta posibilidad de ruptura y refundación que se implementó un régimen de restauración total que ha venido siendo desplegado desde el gobierno de Jimmy Morales y que alcanzó niveles sin precedentes de infamia durante el gobierno de Giammattei.

El Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC) son dos de las instituciones clave del Estado corrupto y cooptado en este proceso inmanente de restauración total. Bajo el liderazgo de la Fiscal General Consuelo Porras, el MP ha sido acusado de utilizar su poder de manera selectiva, tendenciosa y perversa para perseguir en el momento presente al presidente Arévalo, su administración, su partido e incluso sus simpatizantes o, por lo menos, activistas que buscan resistir el avance de este proyecto restaurador desde la Universidad de San Carlos hasta las cortes del sistema de justicia. La presentación de amparos y otras acciones legales contra figuras claves del gobierno actual puede interpretarse, en el mejor de los casos, como parte de una estrategia para debilitar y desestabilizar al ejecutivo. En el peor de los casos, se trata de una estrategia restauradora que busca tumbar al gobierno de Arévalo y Herrera, siguiendo el modelo golpista que se utilizú en Perú, para imponer un régimen teológico-político que regrese el reloj político de Guatemala hasta los días oscuros, religiosos, represivos y violentos del Estado de Seguridad Nacional.

Las tácticas perversas del MP se ven reforzadas por el respaldo que estas acciones reciben de la Corte de Constitucionalidad, que en varias ocasiones ha fallado a favor del MP y en contra de las acciones del gobierno de Arévalo. Este respaldo institucional es esencial para legitimar y avanzar en el proyecto de restauración total. Y es por ello que Porras se siente con confianza para apelar directamente a la CC con un caso que, a todas luces, carece de todo mérito legal y político.

La guerra jurídica, o “lawfare” se ha convertido en una herramienta poderosa en el arsenal de las fuerzas derechistas en Guatemala. Este enfoque se basa en el uso perverso y espurio de procedimientos legales y judiciales para alcanzar objetivos políticos, erosionar la legitimidad del gobierno y debilitar su capacidad de acción. Y es un instrumento de guerra ideológica que ha sido extendido hacia activistas y defensores/as de derechos humanos, recursos y territorios.

La guerra jurídica se manifiesta en Guatemala a través de la presentación de demandas, amparos, y otras acciones legales espurias que buscan paralizar o deslegitimar tanto al gobierno de Arévalo como a las disidencias y resistencias de abajo. Estas acciones no solo consumen recursos del gobierno y enorme tiempo de los movimientos sociales, sino que también generan una percepción de inestabilidad y corrupción que afecta la imagen pública del presidente, sus colaboradores y activistas de todo tipo.

Un ejemplo claro de esta táctica es la reciente solicitud de la Fiscal General para iniciar procesos penales contra el presidente Arévalo y altos funcionarios de su gobierno. La acusación de que el presidente amenaza la estabilidad del país y el funcionamiento del Ministerio Público es parte de un discurso conspirador diseñado para justificar acciones legales agresivas y movilizar el apoyo de sectores opositores de la ultraderecha. Son más preparativos para la implementación de un posible golpe.

Las implicaciones de la guerra jurídica son profundas. Al crear un ambiente de constante enfrentamiento legal, las fuerzas opositoras no solo desgastan al gobierno, sino que también siembran la desconfianza en las instituciones precariamente democráticas del país. Esta estrategia busca erosionar la legitimidad del gobierno, presentándolo como incapaz de gobernar de manera efectiva y respetuosa de un “estado de derecho” que, en realidad, no existe en Guatemala.

Desde el legislativo, por otro lado, el parlamentarismo en Guatemala se ha convertido en un campo de batalla donde las fuerzas de la ultraderecha corrupta y conspiradora se unen para desafiar al gobierno de Arévalo. Este ensamblaje de fuerzas políticas reaccionarias busca contrarrestar la agenda del ejecutivo y promover una narrativa de resistencia en nombre de la “soberanía nacional”.

En el Congreso, como todo mundo sabe, ya se han formado alianzas entre partidos políticos que durante el pasado proceso electoral habían estado en supuesto desacuerdo, unificados ahora por su oposición al gobierno actual y todo lo que este gobierno representa potencial y realmente. Estas coaliciones trabajan ahora sistemáticamente para bloquear iniciativas legislativas del Movimiento Semilla y para promover citaciones de censura o juicio político y otras acciones cuyo objetivo claro es obstaculizar, entorpecer, deslegitimar y confundir a la opinión pública sobre la ya tambaleante agenda gubernamental.

Nadie duda que el impacto del parlamentarismo negro es significativo, ya que limita la capacidad del gobierno de Arévalo para implementar políticas clave. La parálisis legislativa y el uso de procedimientos parlamentarios espurios y abiertamente ilegales para retrasar o impedir el avance de iniciativas gubernamentales son tácticas comunes utilizadas por la oposición. Y todo esto se configura como parte de una estrategia encaminada hacia el desgaste y eventual destitución de Arévalo y Herrera.

En Perú, el parlamentarismo ha sido utilizado de manera similar para desafiar al ejecutivo, en algunos casos conduciendo a la destitución de presidentes como ocurrió con Pedro Castillo. La capacidad de la oposición derechista para unir fuerzas en el Congreso y presentar una resistencia efectiva es una lección relevante para el contexto guatemalteco, donde la guerra entre el ejecutivo y el legislativo es hoy un escenario crítico del que depende el futuro no solo del presente gobierno, sino de otros ciclos posibles de transformación.

La idea de implementar una “vía peruana” de cambio de régimen en Guatemala se basa en todo lo que evidencian las maniobras y transacciones que se están dando en el legislativo y la posibilidad de provocar un cambio político significativo a través de mecanismos institucionales y movilización social, ignorando la voluntad ciudadana claramente expresada en las urnas en 2023.

El mi trabajo titulado “La articulación posible” identifico una de las principales debilidades del gobierno de Arévalo: la falta de una amplia articulación democrática, pluralista e inclusiva con movimientos sociales y colectivos urbanos progresistas. Este déficit de conexión no solo limita el apoyo al gobierno, sino que también refleja una incapacidad para incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos del proceso político. El gobierno de Arévalo ni siquiera tuvo la audacia de recibir y dirigirse, aunque sea brevemente, a los miles de personas que participaron en la marcha del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y su protesta frente al Palacio Nacional de la Cultura el 10 de julio de 2024. Una demostración fehaciente de que al gobierno de la Nueva Primavera le hace falta capacidad y audacia política para articular con movimientos sociales que tienen raíces profundas, agravios legítimos y demandas puntuales para mejorar la vida en Guatemala.

A pesar de que el gobierno de Arévalo se presenta como una alternativa progresista, como el gobierno de la Nueva Primavera, ha fallado profundamente en retener -ya no digamos multiplicar- el apoyo de las autoridades ancestrales que por más de 101 días defendieron los resultados electorales que le dieron una victoria aleatoria al binomio presidencial del partido político Semilla. Y también ha fallado en ensamblar articulaciones posibles con movimientos sociales y colectivos que, en la actual coyuntura de la guerra de posiciones entre las fuerzas de la restauración y las fuerzas de la refundación, podrían fortalecer incluso su posición de extremo centrismo. A veces da la impresión, como lo ha puesto Gustavo Berganza en la red social X (anteriormente Twitter), de que “en la lóbrega y yerta fantasía del Presidente brilla la imagen apacible y pura de una CC que súbitamente cambia su línea y empieza a darle la razón en su lucha republicana e institucionalista para reconstruir y moralizar a la burocracia.”

Esta falta de articulación es en parte debido a la falta de conocimiento sobre lo que significa realmente articular y, por añadidura, la inexperiencia del círculo más cercano al presidente Arévalo (y también el de la vicepresidenta Herrera) en la construcción de articulaciones amplias y representativas. No olvidemos que gente clave dentro del gobierno, incluyendo Arévalo y Herrera mismos/as, solo se politizaron a partir de 2015 y no provienen de contextos donde la praxis política hubiera sido parte esencial de su experiencia.

Articular significa, como mínimo, empezar con las partes que no tienen parte en el actual proceso. Significa el abandono de posturas universalistas y hegemonizantes, así como el reconocimiento del pluralismo epistemológico y las autonomías de abajo o de los grupos subalternizados. Significa reconocer y abordar las demandas de grupos que han forjado su propia autonomía creando los espacios de participación, discusión y propuesta en un ensamblaje político que refleje sus agravios, intereses y aspiraciones. Solo a través de un enfoque articulador, que parta de abajo, el gobierno de Arévalo puede esperar superar las barreras impuestas por los grupos de poder económico y político, resistir efectivamente el proceso restaurador y la implementación de la vía peruana en Guatemala, y avanzar en por lo menos hacer realidad algunos aspectos de la propuesta política que inesperadamente lo llevó al Palacio Nacional.