Los españoles apodan como conseguidor a alguien estilo nuestro personaje protagonista en esta columna. Sencillamente porque consigue negocios a través de su influencia. Iñaki Undargarín, vinculado a la monarquía española fue uno de los conseguidores más famosos del país ibérico. La figura me parece apropiada para este nuestro conseguidor a la tortrix.

Los reportajes mediáticos en torno a las acciones de Melvin Quijivix, un operario de las corruptelas impulsadas y respaldadas por Alejandro Giammattei y Miguel Martínez han ido in crescendo. Hoy en día, comenzando por la iniciativa promovida por Carlos Mendoza, Secretario de la Secretaría de Planificación de la Presidencia, se ha confeccionado la acusación denominada «Red Q«, que se encuentra ya en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

La denuncia en contra del propio ex Presidente de la República fue planteada por abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Simplemente, el presidente se pasó por el arco del triunfo la formalidad de creación de plaza 022, no para darle un chance profesional a Quijivix, sino para transitar hacia el asalto de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, y de ahí no sólo representar con una silla más al gobierno de turno, sino para colarse como Presidente de la Junta Directiva de la institución, y montar toda una trama de negocios, colocando a su propia esposa como encargada de comunicación del INDE, y conseguidora de negocios y consultorías diversas en el subsector eléctrico.

Lo demás está siendo ampliamente tratado hasta en Tik Toks por parte de ávidos periodistas investigativos, incluyendo una senda columna a través de Guatemala Leaks, elaborada por Francisco Rodríguez, director del periódico investigativo de la Universidad Rafael Landívar, Plaza Pública.

Como parte de la familia de los columnistas, se debe aportar al asunto acudiendo al ejercicio de interpretación y de propuestas concretas de ordenamiento regulatorio digo yo, y ante esto me nace la inquietud de la extrema debilidad de las instancias regulatorias dentro del Estado, en las llamadas entidades autónomas, como el caso del INDE, y por supuesto, la debilidad regulatoria de las múltiples y lucrativas entidades dizque reguladoras del subsector eléctrico. Vayamos entonces por partes:

La propia prensa hablada y escrita del país ha venido informando que se ha conformado una nueva instancia modernizadora del Estado, digámoslo así, que se concentra en la urgente necesidad de modernización y puesta en el escenario de la llamada Administración Central, léase del ramo de entidades ministeriales y secretarías de la presidencia.

La coordinación de esta instancia corre a cuenta de Ana Glenda Táger, cercana colaboradora del presidente Arévalo. Imagino que uno de los objetivos debe ser la puesta a tono con la modernidad de la obsoleta oficina del Servicio Civil, que por las propias timideces de los constituyentes tan sólo abarca al gobierno central y no al resto del sector público. Vale indicar primero que la conocida como Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC) viene sin ser tocada en su figura desde su creación, allá por el año de 1968 en tiempos del gobierno de Julio César Méndez Montenegro.

Sería largo en una columna enumerar los retos de una nueva ONSEC o algo parecido; pero vale la pena recalcar en su debilidad al revisar el caso Quijivix: el propio Giammattei le ordena a Keyla Gramajo, ex secretaria de Segeplan, crearle una plaza 022 al susodicho, teniendo ya la alevosía y ventaja de llegar al asalto del INDE y de la miríada de negocios en el subsector eléctrico. ONSEC dictamina que la misma no es procedente; sin embargo, mediante un presidentazo, tan común en la historia de la Administración Pública, la propia Secretaría General de la Presidencia, imagino yo, ordena la creación de tal plaza, y luego Gramajo envía a la Gerencia y Junta Directiva del INDE, a su representante, quien de seguro tan sólo rendía cuentas a Miguelito y al propio Giammattei.

Quijivix, mientras tanto, cual Mago Chevez, va conjuntando un enjambre de sociedades anónimas, que entran olímpicamente en procesos de contratación directa, mediante el sistema de adquisiciones, contando con la ayuda de la esposa, contratada dentro del propio INDE, y encomendada al ex Gerente de tal entidad Ramón Aníbal Romero Soto.

Aquí la primera llamada de atención es para el propio INDE, cuya gerencia al día de hoy está a cargo del Ingeniero Luis Martínez, un conocido burócrata quien ha laborado en Segeplan, ha sido presidente de la Junta Directiva del Banco del Ejército, durante los tiempos de Ríos Montt y Alfonso Portillo, y luego pasó a formar filas en la ONG Acción Ciudadana, regida sempiternamente por Manfredo Marroquín. Martínez tiene entonces una función crucial para transparentar las acciones de la administración del INDE y desatar las colusiones con la Junta Directiva y con las diversas instancias público-privadas del subsector eléctrico.

A este respecto, llama la atención el mutis de los propios ex directivos del INDE, quienes incluso se doblegaron ante Quijivix, en virtud de que usualmente quien los representa en la presidencia de tal directiva debiera ser el propio Ministro de Energía y Minas, ya que  ostenta una responsabilidad crucial en toda la gobernabilidad tan fragmentada que hoy existe en este subsector, nacido a la vida jurídica en tiempos modernos, gracias a la Ley Eléctrica, que cuenta con otras instituciones, extremadamente bien remuneradas por cierto, como lo son: el Mercado Mayorista de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Dentro del enjambre de empresas creadas por Quijivix y amiguetes, está Grupo Eda, S.A. que según investigación de Francisco Rodríguez vendió millonadas a hospitales públicos, bajo la mirada tímida del denominado Mercado Mayorista de Electricidad que, a raíz de los escándalos inhabilitó a la empresa. Otra muestra más aquí de la sumisión de los fragmentados órganos del subsector, dizque autónomos, creados en la era que este escribiente denomina como del paso del Estado Burocrático-Autoritario (el de los gobiernos militares) al Estado Fragmentado, orientado, guiado e inspirado por los hombres de negocios de la era Arzú, y quizás antes, de la era Serrano Elías, e incluso ya con alta imbricación en los tiempos de Vinicio Cerezo.

Al final, todo ello queda bajo la altísima responsabilidad que debiera tener la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, un órgano regulador, también muy especial, cuya principal preocupación es por la eficiencia del subsector, pero poco se hace por su eficacia y desempeño moral y ético que deja mucho que desear como se muestra con las acciones de nuestro conseguidor.

Concluimos entonces que  lo relatado y su impacto mediático, viniendo de un actual Secretario de Segeplan, organismo encargado de darle racionalidad y efectividad a las acciones de gobierno, es un evento necesario pero no suficiente: el servicio civil adecuado y con acciones que promuevan dignidad en el servicio público y el reordenamiento de la gobernabilidad del subsector eléctrico, son deberes forzosos de una nueva Segeplan, porque por alguna lejana razón se le ubicó en un puesto alto en una descentralizada del Estado que juego un papel de primer orden en la generación y transporte de tan importante mercancía: el fluido eléctrico.