Una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar es la separación de nuestra familia. Es sumamente difícil no poder compartir momentos con nuestros seres queridos, especialmente cuando esta separación se debe a razones injustas. Esta situación, que lamentablemente se vive hoy en Guatemala, resulta aún más triste y dolorosa al constatar que, incluso bajo un nuevo gobierno, continúan cometiéndose delitos contra quienes han actuado correctamente.

Hace ya demasiado tiempo que Guatemala vive sumida en una profunda inseguridad judicial. A lo largo de los años, una alianza criminal ha logrado infiltrarse y cooptar las instituciones encargadas de impartir justicia. Lamentablemente, ni siquiera el Colegio de Abogados garantiza la calidad de los profesionales que egresan. La pregunta que surge es: ¿Por qué estudiar Derecho si no se está dispuesto a defenderlo? La falta de justicia es evidente y quienes la niegan son cómplices de esta situación que impide nuestro desarrollo.

La falta de transparencia en los altos organismos judiciales guatemaltecos es evidente y ha sido corroborada por diversos gobiernos extranjeros. La impunidad reinante ha permitido que una alianza criminal opere con total descaro, llegando incluso a ostentar públicamente su condición de actores corruptos en listados internacionales tal es el caso de la actual jefa del Ministerio Público (MP) y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), esta situación crítica ha sumido a Guatemala en un estado de injusticia persistente.

El Poder Judicial, al abusar de su autonomía, se ha convertido en un instrumento al servicio de una alianza criminal que busca silenciar a quienes osan disentir, la persecución política de funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos comunes es una práctica recurrente, evidenciando un grave deterioro del Estado de Derecho, la población debe reflexionar sobre su papel en esta situación, pues al alzar la voz se convierte en blanco de estos grupos criminales. Entre los casos más recientes, destaca la situación de las exfiscales Virginia Laparra y Ligia Hernández, quienes enfrentan procesos judiciales que el MP ha manipulado para privarlas de su libertad, llama la atención la falta de fundamentos sólidos en estos casos.

El incremento en casos de persecución y exilio es una realidad alarmante en la actualidad. Bernardo Arévalo, actual presidente de Guatemala, quien creció en el exilio y la marginación otorga una perspectiva única para abordar las prácticas corruptas y las violaciones a los derechos humanos que han forzado a tantos a abandonar su país, es necesario que el presidente realice un llamado al sector justicia para erradicar prácticas nocivas y garantizar un futuro más justo para todos los guatemaltecos.

La crisis judicial que enfrenta Guatemala exige una respuesta contundente, la persecución y el exilio de quienes defienden los derechos humanos son una afrenta a la justicia y la democracia. Es necesario investigar y sancionar a todos aquellos involucrados en la manipulación de la justicia, incluyendo a las organizaciones que han servido como fachada para proteger a los corruptos. Organizaciones como la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), han sido instrumentalizadas para perseguir a opositores políticos y proteger a los corruptos, su influencia en el sistema judicial ha generado un clima de impunidad y ha obligado a muchos a huir del país. La manipulación de la justicia y las prácticas de intimidación perpetradas por estas organizaciones representan una amenaza grave para la democracia y el Estado de derecho, es fundamental investigar a fondo a estos grupos y a sus colaboradores, y aplicar las sanciones correspondientes.

La grave situación de injusticia que atraviesa Guatemala exige una acción inmediata, es urgente que las instituciones competentes y los actores sociales se unan para depurar el sistema judicial y garantizar el respeto al principio de legalidad y los derechos humanos. No podemos permitir que la impunidad y la corrupción sigan socavando las bases de nuestra democracia.