En la diplomacia internacional, las palabras pueden a veces pesar más que las armas. Guatemala lo sabe y, bajo la presidencia de Bernardo Arévalo, ha intentado presentarse en la ONU como un país comprometido con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. Pero cuando se trata del conflicto israelí-palestino, la narrativa oficial del “equilibrio” se revela como un espejismo que, en la práctica, se acerca más a un centrismo ideológico extremo que a una postura verdaderamente ética y de principios.

Tal como documentó Plaza Pública en un reciente análisis, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 Guatemala participó en al menos 27 pronunciamientos de la Asamblea General sobre la cuestión palestina. De ellos, apoyó 12, se abstuvo en otros 12 y rechazó 3. El patrón es claro: el gobierno respalda resoluciones de carácter humanitario – alto al fuego, ayuda a civiles, protección de refugiados – pero se abstiene en aquellas que nombran con claridad a Israel como potencia ocupante o responsable de violaciones de derechos humanos que se han convertido en un genocidio.

El ejemplo más sonado fue el voto de mayo de 2024, cuando Guatemala apoyó otorgar a Palestina nuevos derechos como Estado observador en la ONU. Un gesto sin duda histórico que desató interpelaciones al canciller Carlos Ramiro Martínez en el Congreso y encendió alarmas entre sectores políticos retrógrados y religiosos aliados de Israel.

Un año después, en la 80ª Asamblea General realizada a partir del 22 de septiembre, en su discurso ante el órgano multilateral Arévalo insistió en que “la injusticia en cualquier parte del mundo es inaceptable”, que “podemos y debemos convivir en paz”, que “las naciones unidas no hemos cumplido con nuestro mandato de actuar cuando un aparato militar arrasa con individuos, familias, comunidades y poblaciones en nombre de la seguridad y la soberanía como sucede ahorita mismo en Ucrania, en Sudán y en Gaza”, que “debemos detener inmediatamente los ataques y garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a todos los territorios en guerra”, que “debemos poner un alto a la invasión de Ucrania, un alto a la guerra en Sudán,  un alto total al sufrimiento y a la muerte de población civil en Gaza” y que “llamamos también a la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes”. Guatemala, dijo Arévalo, ha sido y es consistente con su posición desde 1947 y “hace un llamado a retomar la búsqueda de una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina que garantice la existencia de un estado para el pueblo palestino y que le permita coexistir pacíficamente con el estado de Israel.” No son palabras triviales ni tampoco insignificantes. No es un discurso que jamás pudiéramos haber escuchado de presidentes iletrados e incompetentes como Morales o Giammattei. Pero tampoco hay duda de que ese discurso fue muy calibrado.

Porque Arévalo, en el mismo discurso y muy calculadamente, evitó mencionar el elefante que recorre los pasillos de las Naciones Unidas, es decir, el “genocidio” que Israel está cometiendo en Palestina y que fue afirmado como tal el 16 de septiembre por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU. Encima de todo, y de modo completamente inconsistente con la política exterior de Guatemala desde 1947, Arévalo ha mantenido intacta la embajada guatemalteca en Jerusalén instalada allí solo en 2018 por el corrupto e inepto presidente Jimmy Morales, presencia guatemalteca que se ha convertido en un enorme símbolo del alineamiento histórico con Tel Aviv y Washington. Las palabras tienen que estar respaldadas con los pocos recursos o valores materiales con los que Guatemala cuenta o, de lo contrario, son palabras vacías.

Presentar una política exterior ambivalente y centrista como equilibrada puede sonar sensato, incluso racional. Pero en contextos de violencia extrema, el equilibrio no es para nada neutralidad. Guatemala tiene que cumplir con sus obligaciones en relación con la Convención sobre el Genocidio y tiene que adoptar medidas eficaces para no colaborar, directa o indirectamente, con sus perpetradores. La política del equilibrio es, por el contrario, complacencia. Abstenerse ante resoluciones que denuncian crímenes internacionales equivale a sostener el statu quo, que favorece al poder dominante y la lógica del más fuerte.

El centrismo extremo funciona como una cómoda zona de evasión: se habla de paz y de dos Estados, pero se evita incomodar a los aliados estratégicos dentro y fuera del país. Guatemala se viste de árbitro imparcial mientras mantiene vínculos militares y diplomáticos con Israel, aún no deduce responsabilidades morales y legales por la participación israelí en el genocidio guatemalteco y, también de modo muy calculado, aunque Arévalo inicie algunos de sus discursos con algunas palabras en Q’eqchi’, es sintomático que haya hablado de MINUGUA y loa Acuerdos de Paz (sin decir que han sido saboteados y la institucionalidad de la paz efectivamente desmantelada), pero que no haya mencionado para nada el genocidio que fue perpetrado en Guatemala contra la población indígena. Un silencio que habla volúmenes. Un silencio que es producto de un frío cálculo de costos y beneficios que minimiza costos externos a expensas de responsabilidades éticas internas.

La postura guatemalteca contrasta con las decisiones más audaces de otros países de la región. En Colombia, Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel y ha denunciado públicamente un genocidio en Gaza. México, bajo Claudia Sheinbaum, ha utilizado sin ambages la misma palabra, genocidio, y respaldado propuestas de sanciones. Chile ha retirado su embajador de Israel. Bolivia fue aún más lejos al cortar completamente relaciones diplomáticas, mientras que Lula en Brasil comparó la ofensiva en Gaza con el Holocausto y exigió rendición de cuentas en instancias internacionales. El Grupo de la Haya, una coalición internacional de países del sur global establecida el 31 de enero de 2025 busca por su parte coordinar acciones legales y diplomáticas para defender el derecho internacional y solidarizarse con el pueblo Palestino. Honduras es país miembro de este grupo.

En este contexto regional, la estrategia de Guatemala aparece peor que tibia, falta de principios materialmente respaldados con acciones coherentes y disfrazada de un discurso de derechos humanos que resulta difícil de rechazar incluso por sus aliados más estratégicos. Sí es importante decir lo que Arévalo dijo, pero no es suficiente. Como dijo una guatemalteca migrante en una reunión que Arévalo sostuvo con algunos/as guatemaltecos/as en Nueva York, “es vergonzosa e indigna su neutralidad ante una guerra inexistente (…) porque lo que pasa en Palestina es un genocidio por parte de Israel”. No es, pues, una política exterior de altura con el momento histórico, autónoma o realmente comprometida con la justicia, sino un intento de quedar bien con países dominantes que, inevitablemente, termina inclinándose hacia el lado del poder. Guatemala puede ser pobre y dependiente en muchos sentidos, pero no debe ser tibia ni mísera en sus principios ético-políticos.

La política exterior no debe ser un juego de geometría en el que basta con ubicarse en el centro. Cuando las asimetrías son brutales y las víctimas se cuentan por decenas de miles, ciudades arrasadas, campos de refugiados bombardeados, decenas de miles de niñas y niños masacrados a sangre fría y muchos por francotiradores, hospitales y mezquitas destruidas, los sueños de toda una nación incendiados, no hay punto medio que valga. La verdadera neutralidad consiste en aplicar con rigor y principio el derecho internacional, no en abstenerse para evitar costos diplomáticos mayores.

Guatemala tiene la oportunidad de romper con la vieja inercia de la política exterior clientelista y asumir posiciones que están a la altura de lo que exige el momento histórico en foros multilaterales como la ONU. Pero mientras persista en la retórica del equilibrio extremo, lo que muestra no es independencia ni moderación, sino complicidad pasiva con el genocidio.