El fisco guatemalteco percibe anualmente cerca del 12% del Producto Interno Bruto (PIB), monto considerado insuficiente para cubrir el costo de los servicios que el gobierno se espera preste a la ciudadanía en términos de educación, salud, infraestructura, seguridad, etc. Y se aduce que ese bajo porcentaje es debido a que el empresariado paga relativamente poco, lo que no es cierto, pues se puede comprobar que la empresa formal en Guatemala contribuye con proporciones similares al resto de empresas de Latinoamérica.

Donde está la debilidad fiscal guatemalteca es en el pago de impuestos que deben aportar las personas individuales, los profesionistas y en general los ciudadanos comunes. Subiría también el monto recaudado por el fisco si se formalizaran los miles de empresas que se ubican en el sector informal, de las cuales muchas tienen ingresos y recursos para tributar y por tanto deberían hacerlo. Y si a ello agregamos los miles de millones de quetzales que el fisco deja de percibir por el contrabando, seguramente estaríamos hablando de un porcentaje de recaudación en relación al PIB igual o incluso mayor que otros países latinoamericanos. Agregaría también que en los cálculos de aporte fiscal no se incluyen otros impuestos, tales como el aporte patronal al Instituto Guatemalteco del Seguro Social, IGSS.

Un costo adicional que la empresa privada debe cubrir es el de la seguridad para prevenir extorsiones y asaltos. Se estima que puede oscilar entre un 5-8% del costo de funcionamiento de una empresa.

Cabe resaltar que la SAT está haciendo una tarea bastante aceptable en la recaudación fiscal, aunque insuficiente, como dicho. Quizá si enfocara su esfuerzo en una mayor eficiencia en el control del contrabando y en la incorporación de empresas “informales” se estaría en mejores guarismos.

A propósito, si la Contraloría General de la República, que tiene como propósito central examinar las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio del Estado, hiciera su función con mayor autonomía y enfoque en el uso de los recursos de las instituciones de gobierno, seguramente estaríamos con mejores resultados en cuanto a la legalidad y transparencia en el uso de los recursos del Estado.

En este sentido es escandaloso el abuso que se hace en algunas Municipalidades en donde el Alcalde y su Concejo municipal se asignan salarios que superan cualquier monto razonable. La de Quetzaltenango es ejemplo de ese excesivo latrocinio contra la ciudadanía.

Hay una correlación lógica entre responsabilidad fiscal del ciudadano y el uso transparente de los recursos por parte del gobierno, nacional y local. El robo en los últimos gobiernos ha sido escandaloso (el de Giammatei llegó al culmen) además de comprobado; y si la autoridad competente no acciona de forma pronta y contundente, el ciudadano se abstiene de pagar pues piensa que “su dinero” irá a la bolsa del funcionario. En estas circunstancia no se puede esperar que la ciudadanía cumpla su compromiso fiscal con facilidad y decisión. Caso contrario se vive en países en donde la corrupción es mínima.

De manera que lo primero que se esperaría de un gobierno que aspira a recadar mas, es que el combate a la corrupción sea eficaz, y que los actos en que se utilizan los recursos sean transparentes.

Me parece, y esa es la expectativa generalizada del guatemalteco, que el gobierno que preside el Doctor Bernardo Arévalo tiene esa decisión, por lo que amerita que todos los ciudadanos nos sumemos al esfuerzo pues, como se sabe, en cualquier acto de corrupción hay dos personas coludidas. Solamente será posible limpiar ese lastre si todos nos esforzamos por respetar las normas que derivan de valores humanos fundamentales, como el respeto a la propiedad privada, al buen nombre de familia y a las Leyes.

Quetzaltenango, 23 de abril, 2024