Cuando el Pacto de Corruptos gobernó, la débil arquitectura de la República de Guatemala quedó demolida. Por las buenas y por las malas, todas las instituciones fueron capturadas con fines absolutistas para la impunidad, y de maneras francamente groseras. El MP se dedicó a perseguir disidentes y las cortes hicieron el oficio de liberar truhanes, mientras el jefe del Ejecutivo, Alejandro Giammattei, y sus secuaces en el Congreso violentaron la Constitución sin consecuencias.

Contra toda predicción en el 2023 la ciudadanía le dio vuelta al sistema y eligió a Bernardo Arévalo como presidente de la República. Ahora Arévalo está gobernando sitiado por un sistema judicial y la X Legislatura que conspiran contra la democracia y sus representantes, a la vez que tratan de someterlos a hablar el único idioma que esas elites burocráticas hablan, que es el de la corrupción. Arévalo se niega tozudamente a caer en esa trampa, y cuando sabe que algunos de sus colaboradores si lo han hecho, los aparta.

No solo se trata de corrupción, sino de socavar las bases de la conducción política del Estado y de la sociedad, empezando por la moral pública y continuando con las políticas de transformación. El mejor ejemplo de esto último es el impasse al que ha entrado en el Congreso la Iniciativa de Ley de Competencia.

Pero el propio presidente Arévalo ha autolimitado su autoridad al no destituir a la fiscal general Consuelo Porras. No confió en que la CC le refrendaría el ejercicio de su facultad constitucional y decidió depositar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP, que no tiene eco hasta ahora en el Congreso.

Muchos observadores se preguntan si puede un gobierno democrático sobrevivir a los poderes no democráticos que anidan en el propio sistema judicial y a los poderosos grupos económicos antidemocráticos que desde las sombras financian a los desestabilizadores dentro y fuera de Guatemala. Nuestra convicción es que sí puede rescatar la democracia sin dañar el orden republicano. Lo contrario: en nombre de la democracia dañar la República o abrazar el populismo, sería otra manera de caer en la trampa traicionando sus principios.

Vemos dos condiciones sine qua non para librar estos dilemas que, al final del día, son falsos. La primera condición es que el gobierno debe ejercitar su músculo político teniendo siempre en mente a Max Weber, quien hace más de un siglo resolvió el dilema diferenciando la ética de la convicción de la ética de la responsabilidad. La segunda condición es que debe desplegar extensas conexiones con la sociedad civil en un sentido amplio, incluyendo grupos de profesionistas, empresarios modernos y ONG especializadas, particularmente de cara a las elecciones de segundo grado este año que tendrán que renovar varias instancias judiciales, incluyendo las cortes del Organismo Judicial. Dejarse acorralar y atacar a mansalva por las hienas, teniendo a la disposición el poder de las armas legítimas y legales para democratizar el poder más allá del Ejecutivo y liberar las instituciones judiciales capturadas, sería un pecado de lesa política democrática y del orden republicano.