Las últimas semanas han estado caracterizadas por el repunte de la violencia; en especial, los asesinatos quirúrgicos, donde es evidente que una o varias personas son el objeto del hecho criminal. Diversas hipótesis salen a relucir, desde las tradicionales como los ajustes de cuentas, las rivalidades por el control territorial; hasta las un poco más elaboradas, como la reconfiguración de ciertas estructuras que buscan centralizar las operaciones (tipo clústeres) y que desencadenan los hechos violentos como mecanismo de “apercibimiento”.

Queda en evidencia, una vez más, que las capacidades estatales para frenar este tipo de oleadas son reducidas. Las intenciones, si las hay, son ampliamente superadas por las evidencias. De allí que la percepción de los ciudadanos, en fase de generalización, es que la violencia va al alza, aunque las autoridades quieran demostrar lo contrario haciendo uso de datos. El apresamiento de algunos líderes de maras no logra, ni siquiera mitigar, los sentimientos de preocupación, temor y hastío; sumados al cuestionamiento del gobierno de turno.

Sin embargo, un hecho positivo que causa remezón es la captura (en México) de Aler Baldomero Samayoa, presunto líder del cártel de drogas “Los Huistas”. La densidad (en tiempo y espacio), así como la amplitud de operaciones político-criminales de esa estructura criminal, no son asuntos para ver de reojo. Sus tentáculos (socios y operadores) se han esparcido en estructuras como los gobiernos locales, el Congreso y el “sistema de justicia”. ¿Cómo se garantiza la impunidad de esos actores?  Pues, solo a través de la complicidad y subordinación de instituciones claves, que, además, les permitan garantizar la proliferación, profundización y mutación de sus operaciones.  

Según las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación, su captura era un objetivo específico desde hace meses. Seguirle la huella a un “personaje” como este, no será nada sencillo; porque además de ser protegido por algunas comunidades, sus relaciones con estructuras de gran calado como los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa y otras estructuras en Centroamérica le habrían creado un entramado de socios y relaciones para su protección.  La extradición a EE. UU marcará un hito, siempre y cuando implique, al menos, la reducción de la capacidad operativa de la red que lideró. Si, por el contrario, como ha sucedido en otras ocasiones, una captura no implica desarticulación, estaríamos frente a un nuevo caso de renovación del liderazgo.  

Ahora bien, lo que viene por delante es lo más interesante. Investigaciones periodísticas han dado cuenta que el cartel liderado por Samayoa financió campañas electorales a todo nivel, hasta presidenciales. Evidentemente el gobierno estadounidense cuenta con información al respecto, asunto que se complementará con la que provea el extraditable. En cualquier caso, es probable que la captura dé lugar a cambios en la correlación de fuerzas en el Congreso, donde algunos diputados podrían haber sido electos con el respaldo y en asociación con el ahora implicado. Además, en el caso de los gobiernos locales de Huehuetenango, es posible que el ambiente preelectoral 2027 experimente ajustes importantes, en especial en los seis municipios que conforman la región Huista (Concepción Huista, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, Nentón, Jacaltenango y Todos Santos Cuchumatán).

Estas y otras reacciones en cadena son parte de los dispositivos que modifican las arenas políticas, permitiendo su consolidación, reajuste o sustitución.