Durante las últimas semanas las autoridades de la Superintedencia de Administración Tributaria –SAT– han venido arremetiendo en contra de diversos actores vinculados a lo que ellos consideran como evasores tributarios. Las amenazas van en contra de los alojamientos para vacaciones –Airbnb-,  las diversas exenciones fiscales sobre el Impuesto sobre la Renta y el del Valor Agregado, principalmente  el limbo  en el que se encuentra  la mal llamada economía informal;  y últimamente se generó una tormenta en contra de establecimientos que anulan, con Contabilidad Creativa, facturas al Consumidor Final -C/F- para quedarse con el IVA.

Pero hay un tema que es tabú y ni siquiera el Intendente de Fiscalización o Recaudación se atreve a por lo menos investigar: los evasores de impuestos tipo Panama Papers, con sociedades anónimas en las llamadas islas del tesoro, caribeñas en su mayoría.  Allí sí que hay peces grandes, más bien tiburones.

Frederik y Bastian Obermayer, tremendos periodistas de investigación analizan cientos de casos surgidos alrededor del escándalo del bufete de abogados Mossack Fonseca, que fue uno de los mayores tramitadores de sociedades pantalla anónimas, utilizadas por el 1% más rico del planeta, pero además políticos enemigos de occidente, organizaciones terroristas y el narcotráfico. Y también, por supuesto, dilectos miembros de la actual clase política y del sector corporativo chapín.

Los autores bien nos muestran cómo los grandes bancos alemanes, por ejemplo,  ayudaron  a sus clientes a crear empresas en tales recintos territoriales. Hasta principios del 2015 lo negaban sistemáticamente. Y es que ganan mucho dinero administrando cuentas de empresas pantalla.

En la jerga técnica de las organizaciones antilavado de dinero, estamos  en el mundillo de las empresas Offshore (Fuera de Plaza les llaman en el mundo hispano). Y estas son los vehículos insaciables para minimizar el pago de impuestos, aseguran los notables periodistas alemanes citados.

Y eso nos hace efectuarnos la siguiente pregunta y tropicalizarla para el medio: ¿por qué el 99% de la población tiene que aceptar que la influencia de los gobiernos sobre el 1% sólo sea teórica?. Y además, tímida y casi impotente.

Vemos entonces cómo la SAT nos retiene parte del sueldo o el honorario. Pero el tema de ventas Offshore o dividendos, se hace de Contabilidad Creativa y despachos jurídicos aquí, en Panamá, o Barbados, para evadir impuestos. Y con el agravante de que allí está metida la mafia japonesa, la rusa y seguramente hasta la zacapaneca o huehueteca. Es una combinación de crimen organizado, con el de cuello blanco.

Es por ello que se ha venido presionando a gremios como el Colegio de Abogados de Panamá, porque este es un  tema, primero de registros mercantiles, de aquí y de allá, y de los famosos directores fiduciarios panameños y de otros lares caribeñoos. Y además, tiene mucho de ética y moral, que es lo más escaso en tales ambientes.

Hay diversas investigaciones que señalan las maniobras de grandes emporios exportadores para evadir el pago de impuestos. La aventura comienza por colocar su casa matriz, o más bien su Holding, en alguna islita caribeña. Como requisito para operar en Guatemala se tiene la sociedad anónima autorizada en el Registro Mercantil del país; sin embargo esta suele ser parte de otra Offshore, la que a la vez es controlada por el Holding.

Hay grupos exportadores que tienen cientos de empresas, siendo las mismas para el giro particular de su negocio principal, y para diversificar operaciones de bienes raíces, comercio diverso, y por supuesto, actividades financieras.

Se han publicado cientos de artículos alrededor de la divulgación de las actividades de Mossack Fonseca, y allí están bien situados diversos apellidos de abolengo de las diversas actividades de mayor rédito y lucro del país, no digamos las de agroexportación.

Incluso, se tienen predios especiales de exportación portuaria, que son accionados por los miembros de los grupos, mientras que las transacciones de riqueza producida en el país, circulan por numerosos paraísos fiscales. Todo ello debiera ameritar de cuidadosas auditorías, simplemente porque todas estas empresas reclaman crédito fiscal que es, junto a las pérdidas operativas del Banco de Guatemala, uno de los subsidios más significativos del fisco.

En este tema de las auditorías al crédito fiscal, la responsabilidad no atañe únicamente a la SAT, sino a la Superintendencia de Bancos, porque sencillamente esta última está encargada de hacer auditoría al Banco de Guatemala, que es el garante de los ingresos tributarios brutos, que al descontarse del crédito fiscal, se convierten en netos; y de ello se habla muy poco.

El control de este tema tiene que ver con una palabrita que es tabú en la legislación tributaria guatemalteca, y se llama técnicamente precios de transferencia. La normativa está presente y tiene como propósito controlar las transacciones entre empresas de un mismo grupo. El papel de la SAT debe ser enérgico al respecto de asegurar que todos los ingresos provenientes de rentas generadas en base al esfuerzo del trabajador guatemalteco, se reporten, y se paguen los dividendos, rentas y demás impuestos correspondientes. Sin embargo, con la presencia de paraísos fiscales, muchos entuertos existen para una correcta tributación, y debiera ser un tema de notable importancia social.