El viernes 13 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos colocó a tres estructuras guatemaltecas en sus listas de terrorismo. El Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera (FTO) y como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), y los responsabilizó de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios y fuerzas militares en Guatemala. El Departamento del Tesoro, por su parte, designó como SDGT a Los Huistas, por su apoyo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y a Los Mendoza, por su apoyo al de Sinaloa. Según el Tesoro, estas redes facilitan cruces fronterizos, pistas clandestinas, bodegas y redes de protección local en San Marcos, Huehuetenango y Petén.
La designación bloquea los bienes que estas organizaciones tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, que personas estadounidenses hagan negocios con ellas. Pero la etiqueta de terrorismo pesa más que una sanción financiera. La pregunta para Guatemala es incómoda: ¿quiénes, entre empresarios, alcaldes, policías, militares y políticos, han dado ese apoyo durante décadas?
No es una pregunta retórica. Los expedientes de las cortes estadounidenses lo documentan desde hace años: sobornos de los Lorenzana a militares y policías en Zacapa; «Chicharra», líder de Los Huistas, procesado en Washington junto a su yerno, un exdiputado del Parlacen; una lista de políticos que atraviesa partidos, como el del exdiputado José Armando Ubico, condenado a 18 años, el exalcalde de Cuilapa electo con Vamos o a Silas Ipiña Matta, que estuvo a punto de ser candidato por Valor. En Guastatoya, el candidato a concejal Byron Orellana, «Colio», se declaró culpable en Estados Unidos y luego asumió su concejalía; su primo, «El Congo», estuvo esta semana en la proclamación de Neto Bran. Y la red alcanza a la justicia: un abogado guatemalteco es señalado de sobornar a un juez y a un fiscal para liberar a un transportista detenido con más de una tonelada de cocaína.
La designación llega dos semanas después de que el encargado de Negocios de Estados Unidos, Jorgan Andrews, advirtiera que el narcotráfico busca comprar influencia política de cara a las elecciones de 2027, y en medio de la violencia en Zacapa, territorio de los Lorenzana en donde esta semana ocurrió otra masacre.
La designación de Washington no sustituye a la justicia guatemalteca, que hasta ahora ha tenido poco que mostrar: como documentamos esta semana, los tres grupos que Washington considera terroristas acumulan sobreseimientos en Guatemala. Las estructuras siguen operando, y sus aliados locales siguen en sus cargos, en sus negocios y, en algunos casos, en las planillas de los partidos políticos. Si el Estado guatemalteco no investiga quién les dio protección, contratos y poder, la lista de la OFAC será solo eso: una lista.
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