“Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies”

Bukele abiertamente atenta contra la jurisprudencia posextractivista en El Salvador al querer revertir el hito histórico de la prohibición de la minería metálica conseguido en 2017.

Vaclav Masek

diciembre 29, 2024 - Actualizado diciembre 28, 2024

Foto: ADN Celam

A finales de noviembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se proclamó a favor de la extracción de oro en el país centroamericano y calificó de “absurda” la prohibición de la minería de metales que lleva vigente siete años en su país, poniendo inmediatamente en peligro aquella prohibición histórica. El oro no extraído sería “una riqueza que podría transformar a El Salvador”, escribió en la plataforma social X.

Bukele abiertamente atenta contra la jurisprudencia posextractivista en El Salvador al querer revertir el hito histórico de la prohibición de la minería metálica conseguido en 2017, sugiriendo que las reservas de oro constituyen 380% del PIB de El Salvador, o US$131,565 millones.

El contexto inicial y surgimiento de la oposición se remonta a hace más de treinta años, después de la guerra civil. El gobierno salvadoreño adoptó inicialmente una postura a favor de la minería en la década de 1990, promulgando leyes para atraer la inversión extranjera al sector minero. Esto estaba en línea con las políticas neoliberales promovidas por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Sin embargo, estas políticas pronto provocaron la resistencia de las comunidades locales preocupadas por el impacto ambiental de la minería, en particular sus efectos sobre los recursos hídricos del país, que ya estaban bajo presión.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (conocida coloquialmente como La Mesa), una coalición de diversos grupos que incluía organizaciones comunitarias, ONGs y la Iglesia Católica, surgió como la fuerza líder del movimiento contra la minería. La Mesa centró estratégicamente su campaña en la demanda de una prohibición total de la minería metálica, argumentando que el frágil ecosistema de El Salvador no podría soportar el daño ambiental que esta causaría. Este encuadre estratégico de “agua sobre oro” resonó en el público de nuestro país vecino, que ya estaba lidiando con la escasez de agua y la contaminación. El movimiento contra la minería se convirtió en sinónimo de la solidaridad con los y las defensores del agua.

Existieron varios factores que llevaron a la prohibición minera. El primero fue la movilización de la sociedad civil. Los esfuerzos persistentes y estratégicos de La Mesa y sus aliados desempeñaron un papel crucial para mantener el tema de la minería en la agenda nacional e influir en la opinión pública contra la minería. Organizaron protestas, participaron en desafíos legales y construyeron alianzas con éxito con un amplio espectro de actores, incluida la Iglesia Católica. Utilizaron consultas municipales para demostrar la oposición local y generar impulso para una prohibición nacional.

Un elemento importante fue la falta de un fuerte apoyo de la élite salvadoreña a la minería. A diferencia de países vecinos como Guatemala y Honduras, las élites económicas de El Salvador no tenían inversiones significativas en la minería metálica. Esto facilitó que el gobierno promulgara una prohibición sin enfrentar una fuerte oposición de poderosos intereses económicos. Algunas élites incluso vieron la minería como una amenaza potencial a sus negocios agrícolas existentes, que dependían en gran medida de los recursos hídricos. Por ejemplo, Johnny Wright Sol, un miembro influyente de ARENA proveniente de una familia azucarera, veía la minería como una amenaza para los recursos hídricos vitales para el cultivo de la caña. Su apoyo fue crucial para asegurar el voto de ARENA a favor de la prohibición.

Enfatizar que el movimiento contra la minería ganó fuerza durante un período de transición política e incertidumbre sirve para contextualizar por qué Bukele hoy siente que el viento sopla a su favor. El partido de derecha ARENA, que inicialmente apoyaba la minería, se enfrentaba a una popularidad cada vez menor y a una derrota electoral cada vez más probable contra el FMLN, de tendencia izquierdista. En este contexto, ARENA cambió estratégicamente su postura para abrazar el sentimiento popular contra la minería en un intento de retener el poder. Más tarde, el gobierno del FMLN, aunque inicialmente dudó en promulgar una prohibición total, finalmente respondió a la creciente presión de la sociedad civil y la Iglesia Católica. Hoy, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, controla el Congreso de El Salvador por un amplísimo margen y su oposición política ha sido devastada, por lo que es poco probable que una propuesta formal para poner fin a la prohibición encuentre mucha resistencia en la Asamblea.

En 2009, una empresa minera canadiense, Pacific Rim, demandó a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, solicitando una indemnización millonaria por daños y perjuicios, después de que el gobierno se negara a conceder un permiso de extracción para la mina El Dorado en Cabañas. La demanda inicialmente obstaculizó la acción legislativa sobre la prohibición. Sin embargo, la victoria de El Salvador en el caso en 2016 eliminó un obstáculo importante y creó un sentido de urgencia para proteger al país de futuros desafíos legales por parte de las empresas mineras.

La Iglesia Católica, una institución poderosa en El Salvador, desempeñó un papel fundamental en la consolidación del apoyo a la prohibición. La Iglesia, en particular a través de su rama de acción social, Cáritas El Salvador, fue un miembro temprano y activo de la coalición Mesa Nacional, y enmarcó la oposición a la minería en términos morales. Basándose en las perspectivas ecoteológicas de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, reforzó sus fundamentos posteriormente por la encíclica “Laudato Si'” del Papa Francisco. La Iglesia Católica condenó públicamente la minería, enmarcó el tema en términos morales y movilizó su extensa red para presionar al gobierno. El arzobispo José Luis Escobar Alas defendió activamente la prohibición, presentando a la legislatura un proyecto de ley desarrollado por la UCA y organizando una campaña masiva de firmas en su apoyo en 2017.

La influencia de la Iglesia Católica en la prohibición de la minería se puede atribuir a su oposición temprana y constante, su encuadre moral del tema, su capacidad para movilizar la presión pública y su cambio estratégico en el liderazgo para ampliar la coalición y asegurar una victoria legislativa unánime. En el momento coyuntural actual, la Iglesia Católica fue de las primeras organizaciones en pedirle a Bukele no levantar la prohibición a la minería.

Pero el enfoque limitado de la prohibición sigue siendo un desafío. La prohibición solo cubre la minería metálica, dejando a la minería no metálica y otras industrias extractivas, como monocultivos agrícolas, en gran medida sin regulación. Los y las activistas eligieron estratégicamente este enfoque limitado para generar un apoyo más amplio y evitar antagonizar a las élites poderosas que invierten en estas otras industrias. Además, los gobiernos posteriores han enfrentado desafíos para implementar plenamente la prohibición, en particular con respecto al cierre de minas artesanales y la provisión de medios de vida alternativos para quienes dependen de la minería a pequeña escala. Esto pone en relieve las complejidades de la transición a una economía posextractiva. Si bien la prohibición logró revocar el marco legal neoliberal que había alentado la inversión minera, no abordó las raíces coloniales más profundas de las leyes mineras de El Salvador. La Constitución aún otorga al Estado la propiedad del subsuelo, lo que potencialmente limita la soberanía popular sobre los recursos y deja abierta la posibilidad de futuras actividades mineras.

No es raro entonces que Bukele argumente que las reservas de oro sin explotar de El Salvador representan una fuente potencial de riqueza que podría transformar el país. Esta idiosincrasia se alinea con la lógica inicial para promover la minería en El Salvador en la década de 1990, que era atraer inversión extranjera y estimular el crecimiento económico. ¿Estará consciente que los ingresos de la minería son temporales y frecuentemente se tiñen de deuda ambiental y social que perjudica las finanzas públicas?

Bukele también ha sugerido que las prácticas mineras “modernas y sostenibles” podrían mitigar las preocupaciones ambientales. Falso. Esto se hace eco de las afirmaciones realizadas por las empresas mineras y algunos defensores del desarrollo minero que argumentan que los avances tecnológicos pueden minimizar la huella ambiental de las operaciones mineras. Por ejemplo, Oceana Gold, a través de su Fundación Dorado, promovió la idea de la “minería verde” en Cabañas. Pero es sabido que las tecnologías “modernas” de minería no eliminan por completo los riesgos de contaminación y que la mayoría de las empresas incumplen compromisos ambientales en países con poca regulación. Además, es importante señalar que los y las ambientalistas y activistas en El Salvador, y del resto del mundo, son muy escépticos ante tales afirmaciones, argumentando que no existe tal cosa como la “minería verde.” Los riesgos ambientales y de salud asociados con la minería son inevitables.

La Mesa logró enmarcar la lucha contra la minería como una lucha por la justicia hídrica. Este planteamiento tuvo resonancia en una amplia audiencia, ya que el agua limpia es esencial para la vida, la agricultura y el desarrollo económico más ampliamente concebido. El encuadre de La Mesa ayudó a superar las divisiones ideológicas, uniendo a personas de diversos orígenes y afiliaciones políticas en torno a una preocupación compartida. Los y las activistas emplearon estratégicamente lemas como “agua sobre oro” y “sí a la vida, no al oro” para enfatizar existoamentes este mensaje.

La prohibición de la minería en El Salvador es un ejemplo notable de cómo un movimiento social sostenido y estratégico, combinado con circunstancias políticas favorables y el apoyo activo de gente poderosa, puede lograr cambios transversales. Hoy esta prohibición peligra.

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