Una de las fechas que no debe ser olvidada en Guatemala es el 29 de julio de 2022, día en que un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil allanaron junto a la hoy destituida agente fiscal Cinthia Monterroso Gómez, la residencia del periodista Jose Rubén Zamora reteniéndolo a él y a sus nietos por más de siete horas.
En los tiempos que corren, el ejercicio pleno de la memoría puede ser una garantía para no repetir injusticias y para alcanzar la verdadera paz social.
La tortura que Zamora padeció en prisión durante los meses posteriores a su encarcelamiento ha sido documentada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos. El periodista fue declarado preso de conciencia y purgó una condena anticipada –sin haber sido vencido en juicio, pues su condena ha sido anulada dos veces– de más de 1,295 días de cárcel.
Zamora fue liberado por segunda vez en febrero de 2026. En una de sus primeras entrevistas tras su liberación declaró que había estado “fundamentalmente secuestrado” por el Estado. También dijo, con la seguridad de quien sabe leer perfectamente el país que le condenó sin juicio, que algún día será un hombre libre.
En otra entrevista concedida a Prensa Libre, Zamora amplía la idea del secuestro del Estado y dice que han sido cuatro años en los que, a pesar de no estar en una prisión, sigue sometido al sistema de justicia y que no abandonará el país hasta que se reconozca su inocencia.
Precisamente ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó el desistimiento de una apelación que interpuso la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Rafael Curruchiche para procurar el regreso de Zamora a prisión.
Tanto en el caso de Zamora como en el de otros periodistas de elPeriódico que fuimos perseguidos por Curruchiche y Consuelo Porras, la CC ha aceptado los desistimientos interpuestos por la administración de Gabriel García Luna, quien ha reconocido los abusos de poder y el uso de la justicia como arma política de su antecesora.
Pero la liberación de Zamora no minimiza la tortura que sufrió en prisión, el acoso contra su familia y contra el medio de comunicación que fundó y dirigió durante más de 25 años; tampoco disminuye de golpe el deterioro a la libertad de expresión que padeció el país durante la administración de Porras.
La importancia de mantener viva en la memoría de un país la fecha que marcó un antes y un después en la historia de la libertad de prensa de Guatemala descansa en la búsqueda de no repetición y en exigirle al Estado garantías de protección al ejercicio periodístico, tal y como lo dicta la Constitución.
En su entrevista con El País Zamora se refiere al pulso que hizo, desde el periodismo, contra un sistema cooptado por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad: “Es un pulso que comenzó en 1990. Antes, incluso, investigamos el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Fue el primer caso donde llegamos hasta autores materiales e intelectuales. Eso significó una afrenta directa para el Ejército y los grupos fácticos”.
La captura, condena sin juicio y tortura del periodista Jose Rubén Zamora fueron claras represalias por su irrefutable trabajo periodístico de más de treinta años. Y mientras los cuerpos criminales del Estado sigan teniendo, incluso décadas después, el suficiente campo de maniobra para castigar a quienes denuncian la corrupción, el gesto mínimo con el que puede responder la ciudadanía es la memoria.
Cuatro años después de la captura que lo cambió todo en materia de libertad de expresión y en el deterioro democrático del país, seguimos exigiéndole al Estado que suscriba garantías de no repetición y que la justicia acompañe el nuevo camino de Jose Rubén, hasta que su libertad sea plena para él y para el periodismo que encara al poder.
